La Resolución N° 30/26 del Ministerio de Economía de Santa Cruz volvió a poner sobre la mesa un tema tan sensible como recurrente en la provincia: la pauta salarial cero para los trabajadores estatales. El disparador fue el reciente pedido del Tribunal Superior de Justicia al Poder Ejecutivo para que se remitan fondos adicionales destinados a financiar los aumentos salariales que el propio tribunal se autoasignó —con impacto también en el resto de los funcionarios judiciales, incluidos los empleados— para el período comprendido entre enero y octubre de 2026.

Según publicó el medio Winfo, los incrementos dispuestos por el Tribunal Superior de Justicia generaron una fuerte controversia pública. De acuerdo a estimaciones difundidas, esos aumentos llevarían los salarios de los vocales del máximo tribunal provincial a montos que oscilarían entre los 22 y 24 millones de pesos mensuales.

En ese contexto se conoció la Resolución 30/26 del Ministerio de Economía, que establece que las cuotas de compromiso, devengado y pago deberán ajustarse de manera tal de no incrementar el gasto corriente como consecuencia de aumentos salariales, limitándose a las pautas aprobadas hasta el 31 de agosto de 2025.

Hasta el momento, el gobierno provincial no confirmó oficialmente que durante 2026 no vaya a haber aumentos salariales para los trabajadores estatales. No hubo anuncio político ni definición pública en ese sentido.

En Santa Cruz, la elaboración de presupuestos con pauta salarial cero no constituye una novedad. En 2019, durante el gobierno de Alicia Kirchner, el presupuesto correspondiente a 2020 también fue confeccionado bajo ese criterio. En aquel momento, el entonces ministro de Economía, Ignacio Perinciolli, lo explicó sin rodeos: “se previó una pauta salarial cero, en cumplimiento de la normativa para su confección”. El argumento técnico fue similar al actual: prudencia fiscal, necesidad de ordenar las cuentas y un mensaje hacia la sociedad que, en los hechos, coincidía con el que hoy expresa el presidente Javier Milei: no hay plata.

Sin embargo, el antecedente más grave y más doloroso continúa siendo el de 2017. Ese año, el gobierno de Alicia Kirchner aplicó una pauta salarial cero efectiva. No hubo recomposición alguna para los empleados públicos provinciales, mientras que la inflación anual, según datos del INDEC, alcanzó el 24,8 por ciento. En términos reales, los estatales de Santa Cruz perdieron casi un cuarto de su salario en apenas doce meses. Este recorte también alcanzó a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, incluso a algunos que aún hoy continúan en el mismo cargo.

A esa pérdida se sumó un escenario aún más complejo: los sueldos se abonaron en cuotas y de manera escalonada. Se registraron movilizaciones, protestas y paros en distintos puntos de la provincia. La multisectorial sindical incluso impulsó una junta de firmas solicitando el juicio político a la gobernadora, en uno de los momentos de mayor tensión política y social de los últimos años.

El malestar se profundizó cuando Alicia Kirchner dispuso aumentos salariales para todos los funcionarios de su gobierno, incluida la propia gobernadora, equiparando sus ingresos a los de los diputados provinciales. Mientras los trabajadores estatales cobraban tarde y en cuotas, la dirigencia política se garantizaba mejoras salariales. El contraste resultó explosivo.

Todo esto ocurrió mientras, en 2017, Santa Cruz recibía asistencia financiera del gobierno nacional de Mauricio Macri, con fondos extraordinarios destinados a atender necesidades urgentes, entre ellas el pago de sueldos a estatales.

En abril de ese año, el gobierno nacional confirmaba al diario Infobae que, en lo que iba de 2017, Santa Cruz había recibido adelantos financieros por 1.170 millones de pesos. Si bien se trataba de fondos a devolver —como ocurrió históricamente y continuó sucediendo durante el segundo mandato de Alicia Kirchner—, los números oficiales indicaban que la provincia no podía alegar discriminación en la distribución de recursos.

A ello se sumaron nuevas transferencias: en mayo de 2018, la Nación volvió a enviar fondos a Santa Cruz para afrontar el pago de salarios.

Pero la provincia no se sostuvo únicamente con asistencia financiera. Durante 2017, tanto bajo la presidencia de Mauricio Macri como en los años previos con Cristina y Néstor Kirchner, los recursos e ingresos provinciales —entre ellos la coparticipación federal— registraron incrementos cercanos al 30 por ciento.

Si bien se produjo una merma en las regalías como consecuencia de la baja del precio internacional del petróleo, una parte sustancial de esos ingresos estuvo sostenida por la actividad de YPF, empresa estatal que operó en la provincia hasta su retiro en 2024.

El contexto actual es diferente, pero la incertidumbre salarial vuelve a repetirse. Por ello, más allá de las disputas coyunturales, el debate sobre la política salarial y la situación de las finanzas provinciales vuelve a ocupar un lugar central. Conocer con claridad cuál es el estado real de las cuentas públicas resulta clave para determinar qué margen existe para recomponer salarios y cuáles son las prioridades del Estado.

Ese proceso de sinceramiento no le corresponde únicamente al gobierno actual. También alcanza a la oposición, que gobernó Santa Cruz durante 32 años, entre 1991 y 2023, concentrando la toma de decisiones y la administración de los recursos provinciales durante ese período.

Fuente: Winfo.