El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, generó incomodidad con su discurso desordenado y centrado en la queja, en lugar de presentar un rumbo claro para la ciudad. A seis años de su gestión, la crítica se centra en la falta de transparencia y la forma en que se manejan los recursos de los riogalleguenses.

Un ejemplo concreto es el Boletín Oficial municipal, una herramienta básica para garantizar transparencia en la administración pública, que Grasso prometió implementar hace años pero aún no existe. Esto contrasta con la gran cantidad de recursos que recibe la Municipalidad de Río Gallegos, que en enero recibió más de $7.200 millones de coparticipación, de los cuales $5.200 millones se destinan al pago de salarios, dejando un excedente cercano a $2.000 millones.

Además, la recaudación propia del municipio es la más alta de toda la provincia, lo que debería permitir una mayor inversión en obras y servicios para los vecinos. Sin embargo, la crítica sostiene que Grasso maneja los recursos de manera clientelar, con 500 cargos políticos y punteros políticos que cobran como empleados de Río Gallegos.

La falta de transparencia y la forma en que se manejan los recursos han generado dudas sobre la gestión de Grasso, incluso dentro del propio kirchnerismo. La conclusión es que la gestión de Grasso es tan turbia que ni siquiera dentro del propio kirchnerismo confían en él.