En las oficinas del Ministerio de Trabajo en Caleta Olivia, el ministro de Energía de Santa Cruz, Jaime Álvarez, encabezó una reunión con gremios petroleros y empresas operadoras que desarrollan actividad en el norte de la provincia, con el objetivo de avanzar en la resolución de temas pendientes tras la salida de YPF de los yacimientos convencionales.

El encuentro se realizó por indicación del gobernador Claudio Vidal y contó con la participación del jefe de Gabinete Pedro Luxen y del ministro de Trabajo Juan Mata, quienes escucharon tanto la postura de los sindicatos como la de las nuevas empresas concesionarias.

“Por indicación del gobernador Claudio Vidal nos encontramos hoy trabajando aquí en el Ministerio de Trabajo, coordinando con el jefe de Gabinete Pedro Luxen y escuchando la posición de los sindicatos y de las operadoras que están trabajando en el flanco norte”, explicó Álvarez.

Durante la reunión se abordaron las diferencias que aún existen entre las empresas y los sindicatos respecto a distintos puntos vinculados a los contratos de concesión y las condiciones de trabajo en la industria.

Álvarez sostuvo que el objetivo del Gobierno provincial es que esas cuestiones pendientes se resuelvan lo más rápido posible. “Para las operadoras quizás cien días parezcan poco tiempo, pero para los trabajadores es mucho. Hay que terminar de formalizar muchas cuestiones que estaban en el pliego licitatorio y en los contratos con las nuevas concesionarias”, señaló.

En ese sentido, el funcionario fue claro al afirmar que no se pedirá una “pausa” a los gremios, sino que se buscará acelerar las definiciones.

“No pedimos una pausa de espera. Todo lo contrario: pedimos que se pongan a trabajar rápidamente y que las diferencias que existan se resuelvan. Donde haya conflictos, el Ministerio de Trabajo se va a ocupar de dirimir la situación”, remarcó.

El ministro también se refirió al escenario que dejó la salida de YPF del Golfo San Jorge y explicó que las nuevas empresas que asumieron la operación de los yacimientos son, en su mayoría, pymes de menor escala.

Según indicó, estas compañías deberán afrontar el desafío de incrementar la producción y reducir costos operativos, al tiempo que avanzan en inversiones y en la incorporación de tecnología.

“YPF se retiró porque el negocio dejó de ser rentable frente a otras áreas como Vaca Muerta. Las nuevas operadoras reciben esa situación y tienen que transformarla con inversión, tecnología y aumento de la producción”, explicó.

Álvarez también confirmó que, pese a su salida como operadora, YPF aún mantiene compromisos pendientes con la provincia vinculados al abandono de pozos y la remediación de pasivos ambientales.

En ese marco, adelantó que en los próximos días se realizarán reuniones técnicas para definir el plan de abandono de pozos. “Esta semana se reunirán los equipos técnicos de YPF y de la provincia para terminar de definir el plan de abandono de pozos y que se inicie lo antes posible con inversión de la propia empresa”, indicó.

Respecto a los pasivos ambientales, señaló que en un plazo estimado de seis a siete semanas se conocerá el informe definitivo que deberá ser auditado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y aprobado por la autoridad de aplicación provincial.

Una vez aprobado, YPF tendrá hasta cinco años para realizar la remediación ambiental correspondiente, con financiamiento propio.

Consultado sobre cuestionamientos de dirigentes políticos respecto al uso de fondos vinculados a la remediación ambiental, Álvarez aclaró que el monto recibido fue de 140 millones de dólares, y no de 200 millones como se había mencionado públicamente.

El funcionario explicó que el 65% de esos recursos fue destinado al Ministerio de Economía para afrontar necesidades de la provincia en áreas como salud, educación e infraestructura, mientras que el 35% restante fue transferido al Fondo Unirse, destinado a obras públicas.

“A no desinformar a la gente ni generar conflictos innecesarios. El gobernador está defendiendo los intereses de Santa Cruz y logró un acuerdo que otras provincias no consiguieron”, afirmó.

Finalmente, Álvarez destacó que uno de los objetivos centrales del Gobierno es que las tareas vinculadas al abandono de pozos y la remediación ambiental generen empleo para empresas y trabajadores de la región. “Queremos que ese trabajo sea capitalizado por pymes de Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, Cañadón Seco y toda la zona norte. Tiene que ser trabajo santacruceño para las familias santacruceñas”, concluyó.

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