Según explicó, entrevistado por la Subsecretaría de Producción y Contenidos, los trabajos se realizan con apoyo de una comisión proveniente de Río Gallegos, que colabora en las tareas de detección y regularización de usuarios.

García detalló que gran parte de las interrupciones del servicio eléctrico están vinculadas a instalaciones ilegales y precarias.

“Se está trabajando con todos los clandestinos que están enganchados a la red. Esto es para mejorar el servicio a los que están en regla y evitar tantos cortes”, argumentó.

En ese sentido, remarcó que muchas de estas conexiones no cumplen con condiciones de seguridad, lo que genera sobrecargas y fallas en el sistema.

“Las conexiones clandestinas son muy precarias, entonces sufrimos muchos cortes por culpa de eso”, advirtió García.

Zonas con mayor cantidad de conexiones ilegales

El funcionario indicó que las conexiones clandestinas son mayormente domiciliarias, y se concentran en los barrios más alejados del casco urbano.

Entre los sectores más afectados mencionó:

Barrio Calafate

Barrio Las Américas

Zona de chacras

Asimismo, reconoció que la falta de relevamientos recientes, y la escasez de personal han dificultado el control permanente, lo que permitió el crecimiento de estas prácticas.

“Es algo que viene desde hace tiempo y, al no poder recorrer constantemente todos los sectores, mucha gente ha aprovechado”, señaló.

Cómo actúa Servicios Públicos ante conexiones clandestinas

Desde el organismo informaron que el procedimiento ante la detección de una conexión ilegal comienza con notificaciones al usuario.

En caso de no regularizar la situación, se avanza con la desconexión del suministro.

“Se dejan notificaciones una o dos veces y, si el usuario no se acerca, se le corta la conexión”, detalló García.

Para acceder nuevamente al servicio, los vecinos deben cumplir con los requisitos técnicos exigidos, como la instalación de un pilar reglamentario, medidor y sistema eléctrico adecuado.

Finalmente, desde Servicios Públicos solicitaron a los vecinos regularizar su situación y evitar conexiones ilegales, no sólo por una cuestión legal, sino también por seguridad.

“El robo de energía está penado por ley, pero además genera riesgos y afecta a toda la comunidad. Regularizar la situación es una forma de ayudarnos entre todos, mejorar el servicio y evitar riesgos para los vecinos”, concluyó Gonzalo García.