Conflicto docente en Santa Cruz: "Levantar una reunión así es gravísimo; la necesidad de los trabajadores no puede esperar"

Tras la suspensión de la subcomisión laboral por parte del Gobierno provincial, el referente gremial Gustavo Basiglio denunció un escenario crítico: salarios estancados frente a tarifas que subieron un 500%. El sector exige un sueldo inicial de $1.700.000 y rechaza que los aumentos dependan de un nuevo endeudamiento de la provincia.

La tensión entre el sector docente y el Gobierno de Santa Cruz alcanzó un nuevo pico de rispidez tras la reciente decisión oficial de postergar las reuniones de la subcomisión laboral. La gestión provincial justificó la medida argumentando que no se puede negociar "bajo condicionamientos" mientras persistan las medidas de fuerza del gremio. Sin embargo, para los representantes de los trabajadores, esta decisión no hace más que profundizar la angustia de miles de familias que ya no logran cubrir el costo de vida básico.

En una entrevista exclusiva, Gustavo Basiglio, referente de AMET, no ocultó su indignación ante lo que considera un portazo al diálogo en el momento más inoportuno. "Es el malestar de toda la comisión directiva y del colectivo docente. Habíamos mostrado gestos de diálogo, dejando el paro como última instancia, pero nos encontramos con las puertas cerradas", expresó.

El nudo del conflicto es, como siempre, el bolsillo. Basiglio trazó una radiografía cruda de la situación económica en la provincia. Según el dirigente, el esquema de recomposición salarial quedó totalmente pulverizado por la inflación y, especialmente, por el tarifazo en los servicios públicos.

"Hoy los servicios como gas, luz y telefonía han aumentado un 400% o 500%, mientras que los salarios apenas crecieron entre un 40% y un 50%. Es una cifra irreal", denunció. A este combo se le suma la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba hasta un 10% del ingreso mensual, y el aumento de los combustibles, que en el último año superó el 60%.

Ante este escenario, la demanda gremial es concreta: llevar el sueldo de un docente ingresante (que hoy ronda los $1.200.000) a un piso de $1.700.000. "No es un capricho, es lo que se necesita para vivir. El último aumento real fue la cláusula gatillo de diciembre que se cobró en enero; de ahí en más, el trabajador no vio una sola mejora", sentenció Basiglio.

Uno de los puntos más polémicos de la discusión política en Santa Cruz es el proyecto de Ley de Emergencia Económica que impulsa el Ejecutivo. Desde el Gobierno han dejado trascender que cualquier mejora salarial para el sector público está supeditada a la aprobación de esta ley y a la posterior toma de un préstamo (empréstito) para equilibrar las cuentas.

Para Basiglio, esta lógica es inaceptable: "Dicen que si no hay toma de deuda no hay aumento. Nosotros creemos que debe haber otra salida. No somos ministros de Economía, pero sabemos que la necesidad de la gente no puede esperar a que cierren un acuerdo financiero externo".

El dirigente criticó la inestabilidad de negociar "mes a mes", algo que genera una incertidumbre constante en los trabajadores que deben planificar sus alquileres y deudas. "La gente quiere tranquilidad, no podemos estar esperando cada mes a ver si nos dan un resguardo por 30 días más".

Durante la entrevista, Basiglio le puso rostro humano a la crisis al mencionar la situación de los docentes jubilados, sector que integra gran parte de su familia. "Me preocupa sobremanera el sector pasivo. Son los más vulnerables. Cuando te jubilás, percibís menos, vas más seguido al médico y hoy la cobertura de la obra social en el interior de la provincia es muy deficitaria", relató.

Según el referente, el impacto de la crisis es transversal: "Cualquier vecino, si mira lo que paga de luz, gas y alquiler, se da cuenta de que es imposible vivir con un solo sueldo".

Con la reunión de la subcomisión suspendida y los sumarios administrativos sin resolver, el panorama para el ciclo lectivo en Santa Cruz es incierto. Basiglio insistió en que el diálogo debe ser "abierto y sin exclusiones", rechazando que se castigue a un gremio por ejercer su derecho a la protesta.

"Teníamos una batería de cuestiones para plantear: desde problemas de infraestructura hasta la falta de nombramiento de supervisores en la zona centro que nadie atiende. Levantar la reunión de hoy es gravísimo", concluyó, dejando la puerta abierta a la profundización de las medidas de protesta si no hay una convocatoria urgente que ponga el salario sobre la mesa.

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