El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz a tratar la ampliación del número de jueces. En ese marco, acusó al máximo órgano judicial provincial de actuar como una “oposición” y de sostener una conducta “destituyente”.

La medida del Ejecutivo se formalizó mediante un recurso de queja, luego de que el Tribunal Superior desestimara el tratamiento de un recurso extraordinario vinculado a la ley que proponía modificar su propia integración. Desde el Gobierno provincial sostienen que la decisión no solo es cuestionable desde el punto de vista legal, sino que responde a intereses políticos.

“Estamos frente a una Justicia que actúa como oposición”, afirmó Vidal, quien además calificó la conducta de los magistrados como “antidemocrática y anticonstitucional”. Según el mandatario, existe una estrategia sistemática para frenar decisiones tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.

En la presentación ante la Corte, la Fiscalía de Estado argumentó que el Tribunal Superior incurrió en arbitrariedades al impedir que el caso llegue a la instancia nacional. El escrito advierte sobre una situación de “gravedad institucional”, al considerar que el fallo interfiere en competencias propias de otros poderes del Estado, especialmente del Legislativo.

Asimismo, el Gobierno cuestionó la declaración de inconstitucionalidad de la ley que ampliaba la cantidad de jueces, sancionada previamente por la Legislatura provincial, y señaló que el rechazo del recurso se basó en cuestiones formales sin abordar el fondo del planteo.

Con esta acción, la provincia busca que la Corte Suprema declare mal denegado el recurso extraordinario y habilite su tratamiento, avanzando sobre la validez de la norma en discusión.

En paralelo, Vidal endureció sus críticas hacia los jueces del Tribunal Superior, a quienes acusó de intentar “desfinanciar y desestabilizar” al Estado provincial. En ese sentido, cuestionó una reciente intimación judicial que obliga al Ejecutivo a otorgar un aumento salarial del 50% al Poder Judicial, lo que según indicó, elevaría los sueldos de los magistrados por encima de los 25 millones de pesos.

“Es una medida irresponsable en un contexto crítico. Mientras analizamos una emergencia económica para sostener el funcionamiento del Estado, se impulsan decisiones que comprometen las finanzas provinciales”, advirtió.

Para el gobernador, el conflicto excede lo jurídico y se inscribe en una disputa institucional más amplia, en la que, según planteó, está en juego el equilibrio de poderes en Santa Cruz.