Un informe que circula en redes sociales desató controversia al revelar que una porción significativa de los créditos hipotecarios más altos del Banco Nación habría sido otorgada a dirigentes políticos y funcionarios públicos. Según los datos difundidos, 34 de los 50 préstamos de mayor monto corresponden a personas vinculadas a distintos espacios de poder.

El relevamiento, que toma como referencia cifras de enero de 2026, incluye a diputados, senadores y cargos ejecutivos, y detalla montos que superan en varios casos los 300 millones de pesos. Entre los primeros lugares aparecen beneficiarios con créditos que alcanzan los 530 millones, seguidos por otros que rondan entre los 520 y 470 millones.

El gráfico también muestra una fuerte presencia de beneficiarios identificados con distintos partidos políticos, con predominio de un mismo espacio en los tramos más altos del ranking. No obstante, también se registran casos correspondientes a otras fuerzas, lo que amplía el alcance del debate.

Los datos sobre los créditos se basan en registros públicos. En particular, surgen de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que reúne información sobre el nivel de endeudamiento de todos los ciudadanos dentro del sistema financiero.

Esta información fue procesada y difundida por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, desarrollada por el programador Andrés Snitcofsky. A partir de ese cruce, se identificaron funcionarios y legisladores que registran créditos —principalmente hipotecarios— otorgados por el Banco Nación.

Posturas de los funcionarios

Algunos de los dirigentes incluidos en el listado señalaron que los créditos fueron otorgados dentro de las líneas vigentes y bajo condiciones generales del mercado. En ese sentido, indicaron que se trata de préstamos en UVA disponibles para cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos por la entidad, y negaron haber accedido a beneficios diferenciales en tasas o plazos.

Posición del Banco Nación

La entidad indicó que el proceso de evaluación y aprobación se realiza bajo criterios estandarizados, sin excepciones, y mediante procedimientos digitalizados. Asimismo, detalló que cuenta con líneas específicas, entre ellas opciones destinadas a empleados del sector público, que contemplan distintos porcentajes de financiamiento según el perfil del solicitante.

Según se explicó, el acceso a estos créditos está condicionado por el cumplimiento de los requisitos financieros y el análisis crediticio correspondiente en cada caso.

Tras la difusión del informe, el tema comenzó a escalar en la agenda pública y sumó reacciones de distintos sectores políticos.

Con información de Chequeados.