Una asamblea tensa se desarrolló en las afueras de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) de Caleta Olivia, donde trabajadores de camiones aguateros y autoridades expusieron posturas enfrentadas tras la decisión del Gobierno provincial de reducir el reparto de agua y avanzar en el cierre del cargadero.

La medida se enmarca en la crisis hídrica que atraviesa la región y en el reciente anuncio de construcción de un nuevo cargadero automatizado en el barrio Bicentenario. Desde el SPSE se argumentó que la prioridad será garantizar el abastecimiento por red domiciliaria, dejando en segundo plano el sistema de distribución mediante camiones.

Desde SPSE señalaron que, pese a la prohibición, algunos camiones continúan cargando agua en el barrio Bicentenario e incluso denunciaron que ciertos vehículos habrían sido puestos a disposición de empresas privadas. Además, propusieron establecer un valor de referencia de 10.000 pesos por cada mil litros de agua, frente a los actuales precios que oscilan entre 25.000 y 40.000 pesos.

El eje del conflicto también pasa por el costo del servicio: mientras algunos plantean trasladar ese valor a los usuarios particulares, otros remarcan la desigualdad entre lo que se cobra a vecinos y a empresas pesqueras. En ese sentido, desde SPSE sugirieron que el servicio de camiones debería tarifarse por distancia recorrida y no por volumen, tomando como punto de partida el cargadero.

Por su parte, los trabajadores aguateros expresaron incertidumbre sobre la continuidad de su actividad y cuestionaron la falta de definiciones por parte de la empresa estatal. También denunciaron que, como compensación por tareas realizadas durante emergencias hídricas, recibieron vales de combustible que no pudieron utilizar.

“Nosotros estamos para colaborar con SPSE donde el agua no llega. No somos un enemigo”, sostuvo uno de los camioneros durante la asamblea, reflejando el clima de malestar y la falta de acuerdos en un contexto cada vez más crítico.

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