Como punto de partida, Garzón señaló que el Centro de Atención Personalizada (CAP) de Caleta Olivia no cuenta con responsable designado desde aproximadamente el 14 de diciembre, aunque destacó que el lugar continúa funcionando gracias al compromiso del personal.

Mas allá de eso, advirtió inconvenientes con el nuevo esquema de prestaciones médicas anunciado por PAMI a nivel nacional y remarcó que el principal problema no es el cambio en sí, sino la ausencia de información clara sobre su implementación. “No hay información clara, ni detallada sobre cómo funciona y esto genera incertidumbre en dos niveles. Los prestadores de salud, médicos clínicos y los centros de atención que argumentan que no recibieron instrucciones concretas”, expresó.

Garzón remarcó que la falta de comunicación “genera una angustia y un miedo” entre jubiladas y jubilados que necesitan respuestas concretas sobre como acceder a los servicios y prestaciones.

En este marco, explicó que cuando el sistema marca un rechazo, los afiliados tienen que dirigirse a la agencia PAMI para que las dos profesionales que cumplen la función de médicas auditoras puedan transcribir la autorización para que se efectúe la práctica. “En vez de hacer las cosas simples, sencillas, para las personas mayores se les complica más”, lamentó.

Asimismo, subrayó que en Caleta Olivia y Cañadón Seco hay unos 7.600 afiliados y que persisten problemas con farmacias, sanatorios, derivaciones y coberturas odontológicas, por lo que reclamó que se normalicen los servicios para evitar que los afiliados deban pagar de manera privada prestaciones que deberían estar garantizadas.

Finalmente, cuestionó el uso político del organismo y reclamó la normalización institucional del PAMI. “El problema no es la institución, el problema son los funcionarios que la usaron como botín político y trampolín en ambiciones personales. Y nosotros decimos basta de negocios con la salud los jubilados”, afirmó Jorge Garzón.

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