En primer lugar, Álvarez explicó que la reciente aprobación en la Legislatura provincial se trata de una adhesión a la Ley Nacional 27.743, orientada exclusivamente a nuevos proyectos mineros. “Entraría en vigencia para aquellos proyectos que se pongan en etapa de producción posterior a junio de 2024. No afecta a los proyectos actuales”, aclaró.

El ministro destacó que el objetivo es incrementar los ingresos fiscales sin desalentar inversiones “habrá que analizar los costos y beneficios para que esto no trabe ningún proyecto nuevo y permita poner en valor los recursos de Santa Cruz, principalmente oro y plata”. Además, remarcó que la normativa provincial incorpora un punto diferencial: la coparticipación de un porcentaje extra con los municipios, lo que podría traducirse en mayores recursos para las localidades.

En paralelo, Álvarez se refirió al esquema de incentivos para la actividad hidrocarburífera, presentado recientemente ante 14 operadoras en Río Gallegos. Según explicó, la medida apunta a revertir el declino productivo de los yacimientos maduros y generar nuevas inversiones, “buscamos que haya más equipos trabajando, mayor producción y más empleo directo e indirecto”.

El beneficio está dirigido a proyectos nuevos o ampliaciones de inversión no contempladas originalmente. Las empresas deberán presentar sus planes antes del 1 de mayo, y estos deberán ser aprobados por el Ministerio. “El incentivo tiene que traducirse en más trabajo y producción. La inversión que realicen debe ser igual o superior al beneficio que reciben”, sostuvo.

El funcionario también indicó que el impacto podría acelerar los tiempos productivos: proyectos que antes demandaban 14 meses podrían reducirse a entre 8 y 10 meses.

Álvarez reconoció la caída en la actividad petrolera en los últimos años, pero aseguró que existen condiciones para revertirla. “Hay más de 4.000 perforaciones que pueden ser intervenidas y cerca de 5.000 que están inactivas. Con estos incentivos, muchas de esas inversiones se vuelven viables”, explicó.

El objetivo es mejorar la rentabilidad de las intervenciones y acelerar la recuperación de producción, especialmente en la zona norte de la provincia.

En relación a los conflictos laborales, particularmente el caso de trabajadores en standby, el ministro señaló que el Gobierno sigue de cerca la situación y promueve el diálogo. “Estas medidas apuntan justamente a generar más actividad y resolver estos desfasajes. Necesitamos que haya más equipos trabajando y más empleo”, afirmó, en referencia a la situación que se vive en Pico Truncado.

Remediación ambiental: avance en dos etapas

Uno de los puntos centrales fue el proceso de remediación ambiental que debe llevar adelante YPF tras su retiro. Álvarez explicó que actualmente está en marcha la primera etapa, vinculada al abandono de pozos: “Se licitó un plan que abarca más de 1.200 perforaciones, con seis equipos de trabajo durante cuatro años, financiado al 100% por YPF”.

Este proceso generará empleo para más de 180 trabajadores y contempla tareas como workover, cementación y reacondicionamiento de locaciones.

Sin embargo, aclaró que esta no es la totalidad de la remediación ambiental: “Son dos trabajos distintos. Lo que está en marcha es el abandono de pozos. La remediación de pasivos ambientales comenzará cuando esté terminado el relevamiento”.

Ese informe, que se encuentra en elaboración con participación de la Universidad de Buenos Aires, estaría listo entre fines de mayo y principios de junio. A partir de allí, se pondrá en marcha un nuevo plan, con una duración estimada de hasta cinco años, que incluirá a pymes y mano de obra local. “El costo total de la remediación aún no se puede calcular, pero será financiado por YPF y ejecutado con empresas locales”, precisó.

El Gobierno provincial espera que tanto los incentivos petroleros como el nuevo esquema minero comiencen a mostrar resultados en el corto y mediano plazo.

Finalmente, Álvarez reconoció el contexto complejo que atraviesa la provincia y el país, pero insistió en la necesidad de políticas activas, “Santa Cruz no es ajena a la crisis. Tenemos que generar incentivos en todas las actividades económicas para sostener el empleo y la producción”.

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