La situación del basural a cielo abierto de Río Gallegos sumó un nuevo avance judicial. Tras una audiencia realizada en el juzgado de Marcelo Bersanelli, se ordenó al municipio que, en un plazo de 20 días hábiles, presente un plan detallado con medidas concretas para revertir el estado del vaciadero.

La causa se enmarca en un amparo colectivo impulsado por vecinos, con acompañamiento de la Secretaría de Estado de Ambiente. El requerimiento judicial exige un informe con metas claras, plazos definidos y un cronograma de implementación progresiva, además de acciones específicas para mitigar el impacto en los barrios cercanos.

Desde el organismo ambiental provincial ratificaron que persisten incumplimientos a la normativa vigente y advirtieron que, una vez vencido el plazo, podrían aplicarse sanciones si no se registran avances. En ese sentido, remarcaron que el municipio es el responsable directo de erradicar los basurales a cielo abierto dentro de su jurisdicción.

Durante la audiencia, representantes legales del área de Ambiente y de la Fiscalía de Estado sostuvieron la continuidad del procedimiento administrativo ya iniciado, descartando la posibilidad de dejarlo sin efecto, tal como pretendía el Ejecutivo local. De este modo, se mantiene abierto el proceso para determinar responsabilidades en el marco del poder de policía ambiental.

El secretario de Estado de Ambiente, Diego Procopio, valoró el resultado de la audiencia y destacó la necesidad de establecer indicadores verificables. “Pedimos metas claras, medibles, con plazos definidos y un cronograma de implementación progresiva”, afirmó. Además, subrayó la importancia de incorporar un balance de masas de los residuos para garantizar la trazabilidad y el control del tratamiento final.

El basural viene siendo objeto de reiteradas denuncias por su impacto ambiental y sanitario. La acumulación de residuos sin tratamiento adecuado genera contaminación del suelo, del aire y de las napas, además de riesgos para la salud de las poblaciones cercanas.

Según se indicó, la resolución judicial podría derivar en multas económicas e incluso en la clausura del predio si el municipio no cumple con lo exigido. Esta última medida implicaría la necesidad de reconfigurar de manera urgente el sistema de gestión de residuos en la ciudad.

El plazo ya está en marcha y el escenario es claro: la presentación de un plan concreto será determinante para definir los próximos pasos en una problemática que lleva años sin resolución.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz.