El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó una jornada sin precedentes al reunir por primera vez a toda la conducción de la Policía provincial y dejar formalmente en funcionamiento el nuevo Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito, en el marco de una estrategia orientada a ordenar y fortalecer el sistema de seguridad.

El acto se desarrolló en el Auditorio Bet El de Río Gallegos y contó con la participación de la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos; el secretario de Estado de Seguridad, Bruno Gómez; el jefe de Policía, Diego Martín Agüero, junto a otros funcionarios.

Durante su discurso, el mandatario destacó el carácter inédito del encuentro, subrayando que la convocatoria de toda la cúpula policial en un mismo acto institucional representa una señal concreta de reorganización y fortalecimiento de la fuerza. Asimismo, remarcó que la creación del juzgado permitirá no solo ordenar el sistema de infracciones, sino también generar un esquema en el que los recursos obtenidos se reinviertan directamente en la institución, mejorando su capacidad operativa.

Por su parte, la directora general de la Policía Caminera, Patricia Alejandra Carrillo, valoró la magnitud del hecho y señaló que en sus 27 años de servicio no se había registrado una decisión política de estas características, orientada a integrar a todos los jefes policiales dentro de un proceso de transformación institucional enfocado en la modernización y la prevención.

En cuanto a la nueva estructura, se informó que el juzgado tendrá competencia en todo el territorio provincial para intervenir en presuntas infracciones de tránsito, con el objetivo de consolidar un sistema más ordenado, ágil y profesional. Para su funcionamiento se establecerán tres sedes: una en Río Gallegos, con alcance en Güer Aike y Lago Argentino; otra en Puerto San Julián, que abarcará Corpen Aike y Magallanes; y una tercera en Caleta Olivia, con jurisdicción en Río Chico, Lago Buenos Aires y Deseado.

El organismo estará conformado por un juez administrativo y al menos dos secretarios, en línea con la estructura del Poder Ejecutivo provincial. Este esquema permitirá reforzar la presencia del Estado en las rutas, optimizar los controles y promover el cumplimiento de la normativa vigente.

Respecto a los recursos generados por las sanciones, se estableció que serán destinados al fortalecimiento integral del sistema de seguridad, incluyendo mejoras salariales, inversión en infraestructura policial y el desarrollo de las distintas áreas bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

De este modo, la puesta en marcha del Juzgado Provincial Administrativo de Infracciones de Tránsito se consolida como un paso clave dentro de la política de seguridad de Santa Cruz, tanto por su impacto institucional como por su proyección hacia un modelo más eficiente, ordenado y sostenible.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz.