El Gobierno nacional avanzó en un cambio de enfoque respecto al consumo de productos con nicotina y oficializó un nuevo marco regulatorio que habilita, bajo condiciones estrictas, la comercialización de vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina. La medida quedó formalizada a través de la resolución 549/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Hasta ahora, el país mantenía un esquema restrictivo que en los hechos prohibía la venta de estos productos. Sin embargo, en paralelo, el consumo creció sostenidamente a través de canales informales, sin controles sanitarios ni fiscales. Ese escenario es el que el Ejecutivo busca revertir con esta normativa, que apunta a ordenar el mercado y reducir los riesgos asociados a la falta de regulación.

El nuevo sistema no implica una liberalización total, sino la implementación de un régimen de control integral. A partir de ahora, todos los productos deberán contar con registro obligatorio para poder comercializarse. Esto incluye la declaración detallada de su composición, el cumplimiento de estándares de calidad y la trazabilidad completa desde su fabricación hasta su venta.

Uno de los puntos centrales de la regulación es la definición de límites concretos sobre los componentes permitidos. Las autoridades establecerán concentraciones máximas de nicotina, prohibirán determinadas sustancias y exigirán condiciones específicas de producción. De esta manera, el Estado busca intervenir en un mercado que hasta el momento operaba sin supervisión efectiva.

La normativa también introduce restricciones clave en relación con los vapeadores. Entre ellas, se destaca la eliminación de los saborizantes, un elemento que, según especialistas, ha sido determinante en la expansión del consumo entre adolescentes y jóvenes. Con esta decisión, el Gobierno intenta reducir el atractivo inicial de estos dispositivos en segmentos de menor edad.

Otro eje del nuevo esquema es la formalización de la cadena comercial. Fabricantes, importadores y vendedores deberán inscribirse en los registros oficiales y cumplir con las exigencias establecidas. La falta de registro implicará la imposibilidad de vender legalmente estos productos, lo que abre la puerta a sanciones y controles más estrictos.

Además, el Estado podrá ejercer tareas de fiscalización, seguimiento e inspección, herramientas que hasta ahora eran limitadas debido al carácter ilegal o no regulado de estos artículos. Con la nueva normativa, también se establece un esquema de tributación específico, diferenciando cada categoría de producto.

Desde el Gobierno sostienen que el cambio de estrategia responde a experiencias internacionales que demostraron que las prohibiciones absolutas, en mercados donde existe demanda, suelen derivar en circuitos paralelos sin ningún tipo de control. En ese sentido, la intención oficial es reducir el contrabando, garantizar estándares mínimos de seguridad y generar información confiable sobre lo que consumen los usuarios.

El nuevo marco fue elaborado de manera conjunta por distintas áreas del Ejecutivo, incluyendo Salud, Economía y organismos regulatorios, en un intento de abordar el fenómeno desde una perspectiva integral que combine salud pública, control fiscal y regulación del mercado.

Otro de los aspectos que contempla la normativa es que no se trata de crear un mercado nuevo, sino de intervenir sobre uno que ya existe y que funciona por fuera de la legalidad. En ese contexto, el objetivo es incorporar reglas claras que permitan reducir los riesgos tanto para los consumidores como para el sistema sanitario.

La implementación de este régimen abre una nueva etapa en la política pública vinculada a la nicotina, en medio de un debate que continúa abierto sobre los impactos de estos productos en la salud y su rol como alternativa frente al cigarrillo tradicional.

Fuente: www.adnsur.com.ar