La Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó formalmente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz a enviar, en un plazo de 48 horas, toda la documentación vinculada a la causa que cuestiona la ampliación del máximo órgano judicial provincial de cinco a nueve integrantes.

La decisión fue adoptada luego de que el tribunal santacruceño no cumpliera con el requerimiento emitido por la Corte el pasado 23 de abril, cuando solicitó el envío completo de las actuaciones iniciadas tras la presentación de una acción de inconstitucionalidad impulsada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales.

Mediante una nueva providencia firmada en Buenos Aires, el máximo tribunal nacional ordenó que la documentación sea remitida “de inmediato” y en formato digital, ante la falta de respuesta del TSJ.

El oficio hace referencia a la causa 917/2025 y a los expedientes e incidentes relacionados, cuya remisión ya había sido requerida semanas atrás. Frente al incumplimiento, la Corte resolvió avanzar con una intimación directa.

Rechazo a la recusación

Días atrás, la Corte Suprema también rechazó la recusación presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz contra integrantes del máximo tribunal nacional en el marco de esta misma causa.

El gremio había cuestionado la participación de magistrados por supuestos vínculos políticos e institucionales de abogados patrocinantes con actores involucrados en el expediente. Sin embargo, la Corte consideró que la presentación fue realizada fuera de término y sostuvo que no existían causales legales suficientes para apartar a los jueces.

En su resolución, recordó además que la recusación constituye una herramienta excepcional y de interpretación restrictiva, especialmente cuando se plantea contra miembros de la Corte Suprema.

La controversia por la ampliación del TSJ

El conflicto judicial se originó tras la sanción de la ley provincial que amplió la composición del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, una medida que generó fuertes cuestionamientos políticos, judiciales y gremiales.

La Asociación Gremial de Judiciales promovió entonces una acción de inconstitucionalidad contra el Poder Legislativo provincial, mientras distintos sectores denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de designación y jura de nuevos vocales.

En paralelo, se tramitan medidas cautelares y expedientes conexos que ahora forman parte del análisis requerido por la Corte Suprema.

La Corte exige el envío completo de las actuaciones

En la nueva resolución, el máximo tribunal dejó establecido que necesita acceder a la totalidad de las actuaciones para continuar con el tratamiento del caso.

Por ello, además del expediente principal, exigió el envío de:

Los incidentes cautelares vinculados.

Las resoluciones internas relacionadas con la organización y toma de juramento.

Información sobre otros procesos judiciales asociados al mismo objeto.

La intimación en 48 horas representa un endurecimiento de la postura de la Corte frente al incumplimiento del requerimiento previo y marca una etapa clave en una causa de fuerte impacto institucional en Santa Cruz.