Al tiempo que el Ejecutivo provincial busca que la Cámara de Diputados trate este jueves el pedido de endeudamiento por 650 millones de dólares para sostener trabajo y producción, los intendentes de Unión por la Patria impulsan un proyecto alternativo que, de aprobarse, podría dejar sin financiamiento a decenas de obras y poner en riesgo cientos de puestos de trabajo en toda la provincia.

La iniciativa, promovida por los intendentes de Pablo Grasso y Javier Belloni, propone distribuir entre municipios y comisiones de fomento el 50% de los fondos del fideicomiso UNIRSE, creado durante la gestión de Alicia Kirchner para financiar inversión social, salud, infraestructura y desarrollo productivo.

El problema no es solamente político. También es económico y laboral. Hoy esos recursos sostienen buena parte de las 63 obras públicas que el Gobierno provincial ejecuta en distintas localidades de Santa Cruz. Sacar la mitad del financiamiento implicaría, en los hechos, desfinanciar proyectos en marcha, paralizar trabajos y afectar directamente a trabajadores de la construcción, proveedores y economías regionales que dependen de la continuidad de esas obras.

Paradójicamente, quienes hoy exigen “federalizar” el fondo jamás reclamaron su coparticipación cuando gobernaba Alicia Kirchner, la misma dirigente que creó el UNIRSE y administró esos recursos sin distribución automática hacia los municipios. Ni Grasso ni Belloni levantaron entonces la bandera de la autonomía financiera municipal ni cuestionaron el manejo centralizado de esos fondos.

El proyecto, además, lleva las firmas de legisladores alineados políticamente con esos intendentes, como Carlos Alegría, cercano a Belloni; Eloy Echazú, referenciado en Grasso; y el exgobernador Daniel Peralta.

En el texto enviado a la Legislatura, los intendentes justifican la iniciativa por la caída de la coparticipación, el desplome de la obra pública nacional, la eliminación de subsidios nacionales y el impacto económico de la salida de YPF de Santa Cruz.

El proyecto plantea crear un “Programa de Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial” hasta diciembre de 2026, distribuyendo el 50% del fondo UNIRSE entre municipios según índices de coparticipación y dejando el otro 50% para la Provincia.

Los municipios podrían utilizar esos recursos para salarios, gastos corrientes, cancelación de deudas y funcionamiento general. Y allí aparece otro interrogante de fondo: si el dinero del UNIRSE deja de destinarse prioritariamente a infraestructura y desarrollo para financiar gastos corrientes, Santa Cruz corre el riesgo de quedarse sin obras y sin una herramienta clave para sostener empleo genuino en medio de la crisis.

La discusión, entonces, excede la pelea entre oficialismo e intendentes. La pregunta es qué modelo de provincia se quiere construir. Uno basado en sostener inversión pública, actividad y empleo, o uno donde los fondos destinados históricamente al desarrollo terminan absorbidos por la urgencia política y financiera del corto plazo.