El rechazo del kirchnerismo santacruceño al proyecto de autorización para operaciones de crédito público impulsado por el gobernador Claudio Vidal abrió una fuerte controversia política y económica en Santa Cruz. Diputados, intendentes y varios referentes del espacio que gobernó la provincia entre 2003 y 2023 cuestionaron la posibilidad de tomar deuda en dólares y bajo legislación extranjera.

No obstante, los antecedentes oficiales muestran que durante esas mismas administraciones la provincia no solo acumuló deuda pública equivalente a más de USD 2.100 millones, sino que además aprobó mecanismos legales similares a los que hoy critican, incluyendo endeudamiento en moneda extranjera, cesión de regalías y prórroga de jurisdicción a tribunales externos.

Más de USD 2.100 millones de deuda durante las gestiones kirchneristas

Los datos oficiales del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura reflejan que entre 2003 y 2023 Santa Cruz tomó deuda pública equivalente a USD 2.102 millones.

El desglose por gobierno muestra:

-Sergio Acevedo (2003-2006): USD 67,2 millones.

-Daniel Peralta (2007-2015): USD 1.419 millones.

- Alicia Kirchner (2015-2023): USD 612,8 millones.

En total, se contrajeron compromisos financieros por más de $39.488 millones mediante préstamos bancarios, programas nacionales, refinanciaciones, títulos públicos y acuerdos con organismos multilaterales.

Buena parte de esos recursos estuvieron destinados a cubrir déficit estructurales, refinanciación de pasivos y gastos corrientes del Estado provincial, especialmente vinculados al funcionamiento de la administración pública y el déficit previsional.

La diferencia central: deuda para déficit versus deuda para obras

“Existe una diferencia sustancial entre el endeudamiento utilizado durante las últimas dos décadas y el esquema planteado por la actual gestión”, señaló Verbes.

Mientras que gran parte de la deuda tomada entre 2003 y 2023 estuvo orientada a cubrir desequilibrios fiscales, refinanciaciones y gastos corrientes, el proyecto impulsado por Claudio Vidal plantea que los fondos tengan como destino principal la ejecución de infraestructura estratégica, programas de desarrollo y administración ordenada de pasivos.

“Hay que recordar que muchas de las obras estructurales que hoy siguen pendientes en Santa Cruz, deberían haber sido ejecutadas durante las gestiones anteriores y no lo hicieron pese al elevado nivel de endeudamiento acumulado”, señaló el ministro de Economía.

En ese marco, remarcó que la autorización legislativa solicitada busca generar herramientas de financiamiento para infraestructura energética, vial, productiva y de servicios, en un contexto marcado por la caída de ingresos nacionales y la disminución de regalías petroleras.

La ley de Alicia Kirchner ya habilitaba deuda en moneda extranjera

El actual rechazo opositor también apunta contra la posibilidad de emitir deuda en dólares o someter eventuales litigios a tribunales extranjeros y lo enmarcan como “una resignación de soberanía”.

Sin embargo, durante el gobierno de Alicia Kirchner, en junio de 2016, se aprobó la Ley Provincial N.º 3.479, que autorizó operaciones de crédito público “en pesos o su equivalente en monedas extranjeras”, mediante préstamos, colocación de títulos y fideicomisos financieros.

Esa normativa además habilitó la cesión de recursos de coparticipación federal y regalías hidrocarburíferas y mineras como garantía de pago de las obligaciones financieras.

Pero no solo eso. En su artículo 5, se dice en qué gastarían el dinero: pago de deuda, regularizar atrasos de Tesoreria, asistir al Estado provincial en gastos corrientes, de capital y obras públicas, priorizar la efectiva recomposición de los desequilibrios financieros de los Municipios, como pago de salarios. Verbes resumió esto, con un ejemplo claro: “Es decir el objetivo era cubrir gastos corrientes y no desarrollar Santa Cruz y es como en tu casa, si te endeudas para paga el supermercado y no haces nada para mejorar tus ingresos, acumularás deudas hasta que llegues al nivel de colapso”.

¿Pérdida de soberanía? “Cumplimos con una ley de Alicia”

A eso le sumaron una ley expresa, la N° 3503, del mes de noviembre de ese mismo año, enviada también por la gobernador Kirchner, para subsanar una omisión en la ley 3.479. Esta nueva ley autoriza a convenir las cláusulas de prórroga de jurisdicción extranjera en la toma de deuda, (no sólo la planteada en la 3.479 sino para el futuro) determinando que eso forma parte de las condiciones habituales que exigen los mercados internacionales para emisiones subnacionales de deuda.

“Es decir que nos critican por lo que ellos mismos aprobaron. Es más, la ley de prórroga de jurisdicción extranjera para el caso de endeudamientos en moneda extranjera o con bancos extranjeros, hoy sigue vigente, y nosotros lo único que hacemos es cumplir con ella”.

Qué propone el proyecto del Gobierno provincial

La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados autoriza operaciones de crédito público por hasta USD 600 millones y/o su equivalente en otras monedas, con un plazo máximo de amortización de hasta 15 años.

El proyecto contempla distintas herramientas financieras, incluyendo emisión de títulos públicos, acuerdos con organismos multilaterales, créditos internacionales y mecanismos de administración de pasivos.

Cabe recordar que la provincia enfrenta una necesidad financiera superior a los $356.000 millones producto del déficit previsional, la caída de transferencias nacionales y la recaudación propia por la merma de la actividad económica. El mismo no tiene que ver con la ley de Financiamiento pretendida, aunque la misma resolverá parte de su origen al tiempo de otorgar mayor previsibilidad presupuestaria liberando fondos para atender, entre otras demandas de gastos corrientes, la de las paritarias.

El trasfondo político de la discusión

El documento difundido por diputados e intendentes kirchneristas sostiene que “antes que el endeudamiento, está el pueblo” y rechaza cualquier mecanismo de financiamiento en dólares.

La oposición con esa postura, busca transformar un debate económico y financiero en algo ideológico, pero obviando que caen, al intentarlo, en una fuerte contradicción política: porque los mismos actores que hoy cuestionan el crédito público son los que aprobaron cuando eran oficialismo leyes de endeudamiento, refinanciaciones y operaciones financieras por montos considerablemente superiores a los actualmente solicitados.