Según los datos preliminares, el hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando la mujer ingresó a la institución acompañada por su hijo menor de edad. De acuerdo a las primeras versiones, la situación se desencadenó cuando la madre advirtió que los compañeros de curso del niño habían sido trasladados hacia otra aula para participar de una materia específica de la currícula escolar.

Lejos de calmarse o solicitar explicaciones por los canales habituales, la mujer reaccionó de manera violenta contra la autoridad educativa. Testigos señalaron que la agresora atacó físicamente a Sepúlveda, a quien zamarreó, tiró al piso y arrastró de los cabellos por distintos sectores del edificio escolar, generando escenas de desesperación entre docentes y alumnos.

La situación alcanzó un nivel aún más alarmante cuando trascendió que la mujer portaba un elemento cortopunzante, presuntamente un cuchillo, con el que habría intentado agredir a la directiva. Afortunadamente, el arma no logró impactar sobre la docente y el ataque no terminó en una tragedia mayor.

El episodio provocó una inmediata reacción de las familias del establecimiento. Tras conocer lo ocurrido a través de los medios de comunicación y grupos de padres, decenas de personas se acercaron a la puerta de la escuela para manifestar su apoyo a las autoridades educativas y reclamar mayores medidas de seguridad.

Con carteles que exhibían mensajes como “Somos comunidad”, “Con los niños no” y “Apoyo total a la seño Pau y a la institución”, los padres expresaron su preocupación por el nivel de violencia registrado dentro de un espacio escolar.

“Me enteré por los medios y me asusté mucho. Me dieron ganas de venir corriendo a retirar a mi hijo. Saber que la madre venía armada con un cuchillo da mucho miedo, porque había chicos de cuarto grado, muy chiquitos, en plena clase. Hoy les pasó a los directivos, pero mañana le puede pasar a uno de nuestros hijos”, expresó con angustia Diana Robledo, madre de dos estudiantes de la institución.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente detalles sobre posibles actuaciones policiales o judiciales, aunque la comunidad educativa exige respuestas urgentes y garantías de seguridad para docentes, auxiliares y alumnos