La dirigente sindical aseguró que el acatamiento a la medida de fuerza en Pico Truncado ronda el setenta por ciento y sostuvo que el conflicto responde a una profunda crisis educativa y social que afecta tanto a trabajadores como a estudiantes.

Lagoria cuestionó los salarios actuales del sector docente y remarcó la imposibilidad de afrontar el costo de vida en la provincia. Según detalló, un docente inicial ingresante percibe alrededor de un millón doscientos mil pesos mensuales, cifra que consideró insuficiente frente al valor de los alquileres y la canasta básica familiar.

“Tenemos compañeros que pagan alquileres de hasta ochocientos mil pesos y una canasta familiar que supera los dos millones doscientos mil pesos. La situación es insostenible”, expresó durante la manifestación.

En ese contexto, también criticó la decisión del Gobierno Provincial de avanzar sobre las licencias gremiales históricas del sindicato. La referente señaló que el Ejecutivo busca eliminar cinco licencias sindicales que ADOSAC mantiene desde hace años, medida que interpretó como un ataque directo a la organización gremial y a la representación de los trabajadores.

Además del reclamo salarial, Lagoria describió un panorama de “abandono total” en materia de infraestructura escolar en Pico Truncado. Como ejemplo, mencionó la reciente inundación del Colegio Secundario N°14 y la grave situación del Secundario N°45, institución que —según indicó— alberga a más de cuatrocientos alumnos sin contar con la cantidad de aulas necesarias.

“La realidad de las escuelas es caótica. Hay establecimientos colapsados y otros directamente deteriorados. Mientras tanto, desde el Gobierno pretenden instalar una imagen de normalidad que no existe”, denunció.

Por otra parte, la dirigente sindical alertó sobre presuntas presiones oficiales hacia docentes y equipos directivos para minimizar los problemas estructurales del sistema educativo. En ese sentido, aseguró que existe una intención de “fingir demencia” frente a las deficiencias edilicias y pedagógicas que atraviesan las instituciones.

Finalmente, Lagoria también denunció situaciones de persecución hacia trabajadores de la educación que cuentan con carpetas médicas, acusando al Ejecutivo de ejercer controles y presiones indebidas sobre docentes que atraviesan problemas de salud.

Las declaraciones se producen en un escenario de fuerte tensión entre el Gobierno Provincial y los gremios docentes, mientras continúan las medidas de fuerza y las negociaciones salariales sin avances concretos.