El Tribunal Superior de Justicia (TJS) de Santa Cruz dispuso una intervención correctiva sobre diversos juzgados de la Segunda Circunscripción Judicial luego de detectar importantes demoras en la tramitación de causas, el dictado de resoluciones y la gestión interna de expedientes. La medida quedó plasmada en la Resolución N° 47/26, firmada el 23 de junio por el presidente del máximo órgano judicial provincial, Gabriel Contreras Agüero.

La decisión se adoptó tras analizar las actas de inspección realizadas por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería con asiento en Caleta Olivia, que revelaron retrasos significativos en distintos organismos judiciales de la zona norte de Santa Cruz.

Entre las situaciones observadas, el Tribunal señaló una “casi paralización” en el dictado de resoluciones y providencias simples en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Pico Truncado. Según el informe, el sistema SIPED registró 150 escritos sin asignación de responsable en la Secretaría de Familia y otros 297 en la Secretaría Civil. Además, se detectaron escritos pendientes de firma desde 2024 y causas sin resolución desde diciembre del mismo año.

En el caso del Juzgado de Familia de Caleta Olivia, la inspección describió un escenario crítico, con más de mil escritos pendientes de despacho, cientos de actuaciones para proyectar o corregir y numerosas presentaciones asignadas sin proveer desde diciembre de 2025. Todo ello en un contexto de crecimiento de la litigiosidad, con más de 600 nuevas causas ingresadas durante el año.

Por otra parte, los Juzgados Civiles N° 1 y N° 2 de Caleta Olivia mantienen actualizado el despacho diario, aunque presentan demoras en el dictado de sentencias definitivas. Allí se detectaron causas pendientes de resolución desde 2025, muchas de ellas con reiterados pedidos de prórroga elevados a la Cámara de Apelaciones.

Si bien los informes mencionan como factores concurrentes las medidas de fuerza gremiales y la falta de personal, el Tribunal Superior consideró que la antigüedad de los atrasos excede la coyuntura actual y requiere una intervención urgente para garantizar una adecuada prestación del servicio de justicia.

En consecuencia, la resolución ordena a la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción implementar de manera inmediata todas las medidas de superintendencia necesarias, incluyendo planes de contingencia y reorganizaciones funcionales, para que los organismos observados regularicen su situación en un plazo máximo de tres meses.

Asimismo, el presidente de la Cámara deberá remitir al Tribunal Superior de Justicia, dentro de los próximos 15 días, un informe detallado sobre las acciones adoptadas y el cronograma de regularización previsto para cada juzgado. La resolución también será puesta en conocimiento de los vocales del máximo tribunal provincial en el próximo acuerdo ordinario.