La diputada nacional, Ana María Ianni, expresó críticas a la sesión impulsada por el oficialismo en la Cámara de Diputados, donde se debatieron iniciativas vinculadas al acuerdo con los holdouts y al denominado “Súper RIGI”. Según sostuvo, ambas propuestas profundizan un modelo económico orientado a favorecer a sectores financieros y grandes grupos empresariales.

La legisladora también cuestionó la participación de distintos bloques parlamentarios en la sesión y señaló que algunos sectores que previamente nompañaron iniciativas vinculadas a investigaciones por presuntos hechos de corrupción sí contribuyeron al quórum necesario para tratar estos proyectos.

En relación con el acuerdo con los holdouts, Ianni manifestó su rechazo a la propuesta al considerar que implica beneficiar a actores financieros que mantuvieron litigios con el Estado argentino tras los procesos de reestructuración de deuda realizados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Además, planteó la necesidad de garantizar mecanismos de transparencia y resguardo de los recursos públicos.

Respecto del denominado “Súper RIGI”, la diputada afirmó que la iniciativa amplía beneficios para grandes empresas sin establecer, a su entender, suficientes exigencias vinculadas al desarrollo productivo nacional. En ese sentido, consideró necesario conocer con mayor precisión los proyectos que podrían acceder al régimen y los beneficios concretos que generarían para el país.

Asimismo, expresó preocupación por la posibilidad de que el esquema incentive inversiones vinculadas a actividades de alto consumo energético y tecnológico sin un análisis integral de sus impactos económicos, sociales y ambientales. Según indicó, cualquier proyecto de gran escala debería contemplar beneficios para las provincias, participación de trabajadores, universidades, organismos científicos y empresas nacionales.

En ese marco, Ianni destacó el potencial de Santa Cruz para el desarrollo de proyectos de hidrógeno de bajas emisiones y sostuvo que las políticas de promoción de inversiones deberían contemplar mecanismos que impulsen el empleo, la innovación tecnológica y el agregado de valor en las economías regionales.

Finalmente, la legisladora consideró que tanto el acuerdo con los holdouts como el proyecto de “Súper RIGI” responden a una orientación política que, según su visión, reduce la capacidad de intervención del Estado en áreas estratégicas y prioriza intereses corporativos y financieros.