La democracia se construye sobre el diálogo, el respeto a las diferencias y la búsqueda de consensos, no sobre la descalificación, la sospecha permanente ni la construcción de enemigos internos. Pretender instalar que quienes piensan distinto o defienden los intereses de sus comunidades actúan por intereses espurios constituye un grave retroceso institucional.
Los intendentes de Santa Cruz tienen la obligación de reclamar los recursos que les corresponden a sus municipios y de defender a sus vecinos. No son ellos quienes deben dar explicaciones por exigir respuestas ante la crisis que atraviesa la provincia.

Lamentablemente, el Gobernador parece haber elegido buscar culpables y ver fantasmas antes que asumir las responsabilidades propias de la gestión.

La oposición, los gremios, los trabajadores, la policía y ahora los intendentes se convierten, una vez más, en el blanco de un discurso de confrontación permanente.

Mientras acusa a quienes reclaman legítimamente, el único que sigue sin reclamar con la misma firmeza los recursos que le corresponden a Santa Cruz ante el Gobierno Nacional es el propio Gobernador. Esa es la discusión que los santacruceños esperan que de Santa Cruz necesita un gobernador que gobierne, construya consensos y defienda los intereses de la provincia, no que utilice la descalificación y la sospecha para atacar a quienes piensan distinto. La democracia se fortalece con más diálogo y más respeto, nunca con acusaciones infundadas ni con la estigmatización de la oposición política.