La investigación judicial se inició a partir de denuncias relacionadas con supuestas comunicaciones internas entre integrantes de los sectores que participan del reclamo salarial de efectivos policiales y del Servicio Penitenciario. Entre los elementos incorporados a la causa figuran mensajes que, según se analiza, harían referencia a posibles medidas de carácter extremo.

El expediente se abrió luego de una presentación realizada por la Fiscal de Estado, Natalia Linardi, vinculada a los hechos ocurridos en torno al edificio de Alcorta 231, en Río Gallegos. Según el planteo oficial, el martes 23 de junio cerca de las 11 de la mañana, un grupo de manifestantes habría ocupado sectores de acceso y espacios exteriores de la sede gubernamental, lo que derivó en la obstrucción del ingreso y egreso por el portón principal, además de la circulación de vehículos oficiales.

Desde la perspectiva de la Fiscalía, la medida habría excedido los alcances del derecho constitucional a la protesta, al afectar el funcionamiento habitual de la administración pública. También se señaló que entre los involucrados habría personal policial en actividad o retirado, un dato considerado relevante en términos institucionales.

En paralelo, la Justicia provincial abrió una nueva línea de investigación a partir de denuncias que apuntan a intercambios de mensajes en grupos de comunicación utilizados por efectivos policiales y penitenciarios. El objetivo es determinar la autenticidad, el contexto y el alcance de esas conversaciones, así como la identidad de sus autores.

De acuerdo con fuentes judiciales, algunas de las expresiones bajo análisis incluirían referencias consideradas de carácter sensible en el marco del conflicto, por lo que no se descarta que el caso pueda ser evaluado bajo la categoría de “gravedad institucional”, al igual que la denuncia inicial.

Las actuaciones buscan establecer si estos mensajes fueron utilizados como mecanismo de presión dentro del conflicto o si se trató de expresiones aisladas en el contexto del reclamo. En ese sentido, la Fiscalía de Instrucción intenta reconstruir el marco en el que fueron emitidos y determinar si existió algún tipo de planificación o coordinación.

El conflicto salarial que involucra a sectores de la Policía de Santa Cruz y del Servicio Penitenciario se mantiene abierto, con negociaciones en curso en el ámbito de la Mesa del Salario entre el Gobierno provincial y los representantes de los trabajadores, sin acuerdo hasta el momento.

Desde el punto de vista institucional, especialistas en seguridad consultados advierten que las medidas de fuerza dentro de fuerzas armadas o de seguridad deben desarrollarse dentro de los canales establecidos, sin afectar la integridad de personas privadas de libertad ni la seguridad pública.

En caso de confirmarse las denuncias, la Justicia evalúa que podrían encuadrarse en conductas de mayor gravedad que excederían el marco de un conflicto gremial. Asimismo, se analiza el rol de los involucrados en función de su condición de estado policial y la portación de armamento reglamentario.

Por el momento, no hay imputaciones ni resoluciones judiciales, y la investigación se encuentra en etapa preliminar de análisis y verificación de pruebas. El caso permanece bajo seguimiento tanto en el ámbito judicial como en el gubernamental, mientras continúa el reclamo salarial y las negociaciones abiertas entre las partes.

Fuente: La Opinión Austral.