Según explicó el edil, la exclusión de los jubilados del último aumento se debió a una “ambigüedad” y una “redacción errónea” en el decreto emitido por la provincia, lo que derivó en una interpretación de la Caja de Previsión Social que dejó sin efecto el pago para los pasivos municipales.

“Quizás algunos dicen que no es mucho, pero para un jubilado representa un incremento que no le viene mal, es un peso más en el bolsillo”, expresó Aparicio, quien remarcó que el pago de este porcentaje no afecta las arcas municipales, ya que se trata de una responsabilidad del Gobierno de Santa Cruz.

En la última sesión ordinaria, desde su banca presentó una iniciativa dirigida al Gobierno provincial, la Caja de Previsión Social y al intendente Pablo Carrizo para solicitar que se corrija el instrumento legal y se garantice que los jubilados perciban el aumento en el mes de julio. “Lo que buscamos es que los jubilados municipales puedan cobrar ese 5% que por cuestiones administrativas no recibieron en el último pago”, sostuvo.


El concejal indicó que, hasta este martes, no existía ninguna convocatoria formal a una sesión extraordinaria ni por parte del Departamento Ejecutivo ni del Concejo Deliberante. “No está convocada por el Ejecutivo. Nosotros ya comenzamos con el trámite administrativo para ver si podemos lograr las cuatro firmas necesarias y convocarla desde el cuerpo legislativo”, explicó.

Además, consideró que este episodio pone de manifiesto la necesidad de que los jubilados tengan representación en las negociaciones salariales. “Cada vez que se celebre un acta paritaria debe estar presente el representante de los jubilados, porque si no quedan supeditados a errores de redacción o interpretaciones que terminan perjudicándolos”, afirmó.

Actualmente, alrededor de mil jubilados municipales aguardan la resolución del conflicto y el reconocimiento del incremento salarial.

Durante la entrevista, Aparicio también se refirió al conflicto que mantiene la policía de Santa Cruz y aseguró que el Concejo Deliberante ya expresó su acompañamiento al reclamo salarial de los efectivos. “Todos los funcionarios dicen que el reclamo es justo. Entonces busquemos traer justicia a ese reclamo y encontrar soluciones reales”, señaló.

El edil manifestó su preocupación por el impacto de la medida de fuerza en la seguridad de la ciudad y sostuvo que la falta de efectivos en las calles genera un escenario complejo para los vecinos. “En una ciudad de 80 mil habitantes no tener seguridad es realmente muy complejo. La inseguridad ha aumentado y los distintos hechos que sufrieron los vecinos lo demuestran”, indicó.

Asimismo, cuestionó la postura del Gobierno provincial al considerar que se intenta “criminalizar el reclamo” de los trabajadores policiales. “Hay que recordar que son funcionarios públicos, pero también son trabajadores, tienen familias, hijos y necesidades básicas que cubrir. El desfasaje salarial es muy notorio”, remarcó.

Por último, expresó su deseo de que las negociaciones entre el Gobierno y los representantes policiales puedan arribar a un acuerdo que devuelva la tranquilidad a la comunidad. “Esperemos que se ilumine el Ministerio de Trabajo y el gobernador para alcanzar un consenso, porque eso traerá bienestar y tranquilidad a toda la comunidad”, concluyó.

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