En primer lugar, la funcionaria se refirió al encuentro informativo realizado en la Cuenca Carbonífera, donde junto a integrantes del Gobierno provincial mantuvo una reunión con vecinos, representantes gremiales y concejales para explicar los alcances de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

Según señaló, el proyecto busca convertirse en una herramienta de desarrollo a largo plazo para Santa Cruz, con un fuerte impacto en el sostenimiento de YCRT y otras áreas estratégicas de la economía provincial. En ese sentido, remarcó que el Gobierno continuará recorriendo las localidades que soliciten este tipo de encuentros para despejar dudas y brindar información de primera mano.

Elmíger recordó que la propuesta continúa siendo analizada en las comisiones de la Legislatura y estimó que podría llegar al recinto para su tratamiento entre los meses de julio y agosto.

Asimismo, destacó que el gobernador logró otorgar previsibilidad financiera a la provincia mediante un adelanto de 20.000 millones de pesos correspondientes a la coparticipación nacional, recursos que permitieron aliviar las cuentas públicas mientras se avanza con el debate legislativo.

En materia laboral, la ministra aseguró que el Gabinete provincial realiza un seguimiento diario de las negociaciones salariales con los distintos sectores estatales. Valoró los acuerdos alcanzados en la Administración Central, el área de Salud y el sector portuario, y sostuvo que el diálogo continúa siendo la herramienta fundamental para resolver los conflictos que permanecen abiertos.

"La evaluación es permanente y se trabaja todos los días para encontrar consensos", expresó, al tiempo que ratificó la voluntad del Ejecutivo de mantener abiertas las instancias de negociación.

Restitución de Eduardo Sosa

Por otra parte, Elmíger confirmó la participación del gabinete provincial en el acto institucional realizado por el Tribunal Superior de Justicia, donde se concretó la restitución del fiscal Eduardo Sosa a su cargo, luego de haber permanecido 30 años apartado de sus funciones.

La ministra consideró que se trató de un hecho de relevancia institucional para Santa Cruz, al marcar el cumplimiento de una resolución pendiente desde hacía tres décadas y que pone fin a un prolongado proceso judicial.