El fallo del Superior Tribunal de Justicia que dejó sin efecto la medida cautelar presentada por los municipios santacruceños volvió a poner en el centro del debate la millonaria deuda que mantienen con las cajas de Previsión Social y de Servicios Sociales. Sin embargo, desde las comunas advirtieron que, de aplicarse las retenciones sobre la coparticipación, el impacto sería inmediato: no habría fondos suficientes para pagar los salarios de los empleados municipales ni para sostener los servicios básicos.

Así lo afirmó el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Río Gallegos, Gonzalo Chute, quien explicó que la resolución judicial no resuelve el fondo de la discusión sobre la constitucionalidad de las retenciones, sino que únicamente habilita a la Provincia a comenzar a descontar los fondos mientras el proceso continúa.

Según detalló, la situación financiera de los municipios hace imposible afrontar simultáneamente el pago de salarios, el funcionamiento cotidiano y las obligaciones con las cajas previsionales. Como ejemplo, indicó que Río Gallegos recibió en junio alrededor de 6.800 millones de pesos por coparticipación, mientras que la masa salarial neta ascendió a 5.800 millones. Los aportes correspondientes a las cajas representan otros 2.200 millones de pesos, una cifra que supera ampliamente el margen disponible para el funcionamiento municipal.

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"Si la Provincia ejecuta las retenciones, los municipios tendrían que cerrar", sostuvo Chute, al advertir que no solo se vería afectado el pago de haberes, sino también la prestación de servicios esenciales como recolección de residuos, mantenimiento urbano, centros de salud y escuelas de oficios.

El funcionario remarcó además que la deuda previsional no es nueva, sino que se arrastra desde antes de 1991 y responde, según planteó, a un problema estructural de financiamiento de los municipios. En ese sentido, insistió en que ninguna comuna dejó de pagar por decisión política, sino por falta de recursos, ya que muchas dependen incluso de asistencia provincial para afrontar los salarios.

Frente al nuevo escenario judicial, desde el Municipio de Río Gallegos adelantaron que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y reclamaron abrir una discusión política sobre una nueva ley de coparticipación que permita garantizar el financiamiento de las cajas sin poner en riesgo la continuidad de los gobiernos municipales y el cobro de los sueldos de miles de trabajadores.

Finalmente, el fallo también reavivó la polémica política debido a que fue firmado por magistrados incorporados recientemente al Superior Tribunal de Justicia durante la gestión del gobernador Claudio Vidal. Desde el Municipio de Río Gallegos señalaron además que días antes de conocerse la resolución, el mandatario había anticipado en una entrevista periodística que habría "novedades judiciales" sobre este conflicto. Para la comuna, esa declaración alimenta las sospechas de que el Poder Ejecutivo conocía con anticipación el sentido del fallo, una interpretación que, hasta el momento, no cuenta con confirmación pública.