En dialogo con El Caletense Radio, la Secretaria de Comunicación Publica y Medios de la provincia, Irene Stur, explicó los motivos que llevaron al Gobierno Provincial a cerrar la discusión de la Mesa del Consejo del Salario de la Policía mediante una resolución del Ministerio de Seguridad. Señaló que, tras ocho reuniones sin consenso y 15 propuestas salariales presentadas, se resolvió avanzar con un incremento que rige desde el 1° de julio y será refrendado por decreto.

Stur sostuvo que el Ejecutivo realizó un "esfuerzo presupuestario bastante importante" para mejorar los haberes del personal policial y remarcó que con el incremento "ningún agente queda por debajo de la línea de pobreza o de la canasta básica". Además, afirmó que el agente que recién ingresa "pasa de ser el antepenúltimo al tercero mejor pago del país", en un contexto económico complejo para las finanzas provinciales.

En este marco cuestionó la postura de los representantes del reclamo señalando que el pedido inicial contemplaba un salario básico de 3,8 millones de pesos, cifra que calificó como imposible de afrontar, y que a partir de ello el Ejecutivo planteó 15 propuestas, variando las mismas n términos de lo que los propios representantes pedían. “Si ninguna es aceptada, si todas son rechazadas, evidentemente hay un trasfondo en esa intransigencia que ya deja de ser el mero reclamo salarial”, afirmó.

Respecto a la continuidad de las medidas de fuerza, la funcionaria advirtió que el Gobierno espera el regreso de los efectivos a sus funciones y confirmó que, de persistir el conflicto, comenzarán a aplicarse descuentos por los días no trabajados. “Si no vuelven a trabajar, se le van a empezar a descontar los días”, aseguró.

También rechazó las críticas sobre la composición del incremento salarial y respondió a los planteos del retirado Ramón Quipildor al afirmar que "todos los códigos son remunerativos, a excepción del Código de Cumplimiento Efectivo de la Tarea". También desmintió que el incremento alcance únicamente a los agentes y detalló que las mejoras abarcan toda la escala jerárquica, con subas que llevan, por ejemplo, el salario inicial de un agente de $1.115.000 a $1.746.000.

Stur cuestionó que algunos referentes del reclamo solicitaran la renuncia de las autoridades y consideró que la protesta adquirió un componente político. Recordó que un efectivo en actividad "no tiene por qué cuestionar, ni le compete cuestionar quiénes son las autoridades gubernamentales". Además, apuntó a la postura sostenida por algunos voceros con dirigentes opositores.

“Quipildor se muestra mano a mano con el intendente de Río Gallegos, que es uno de los referentes de la oposición al gobierno, que además el jefe de Gabinete de ese intendente reconoció que están contemplando que Quipildor forme parte de las listas de Unión por la Patria en el 2027, y a eso le sumamos que Victór Cortéz, otro de los referentes, también circuló audio de él, donde reconocía que estaban armando un partido político, y la sospecha está”, expresó.

Por último, Stur se refirió al fallo del Tribunal Superior de Justicia que dejó sin efecto la cautelar vinculada a la aplicación del artículo 22 de la Ley 1782 sobre los aportes municipales a la Caja de Previsión Social. Explicó que la resolución "simplemente revoca la cautelar" y que ello no implica la retención automática de fondos de coparticipación, sino que devuelve la vigencia a una herramienta legal cuya aplicación es una potestad y no una obligación. En ese marco, valoró las reuniones mantenidas con intendentes y comisionados de fomento para avanzar en un acuerdo que permita garantizar el financiamiento de la Caja de Previsión Social y de la Caja de Servicios Sociales sin comprometer la situación financiera de los municipios.

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