Muñoz anticipó que el oficialismo no tendría los votos para aprobar la Emergencia Habitacional

El diputado provincial de la Coalición Cívica ARI respaldó la necesidad de atender el déficit de viviendas, pero cuestionó artículos del proyecto por considerar que otorgan facultades excesivas al Ejecutivo y reclamó mayores mecanismos de control.

En diálogo con El Caletense Radio, el diputado provincial Pedro Muñoz sostuvo que el proyecto de ley de Emergencia Habitacional que se debatirá en sesión extraordinaria difícilmente logre la mayoría especial necesaria para su aprobación. Según indicó, la iniciativa requiere dos tercios de los votos y, a su entender, el oficialismo no cuenta con ese respaldo. En ese contexto, consideró que la propuesta debería regresar a comisión para incorporar modificaciones.

Muñoz aclaró que comparte el diagnóstico sobre la crisis habitacional que atraviesa Santa Cruz, aunque remarcó que el problema no se limita a la disponibilidad de viviendas. "Lo cierto es que el tema del salario hace dificultoso incluso alquilar", afirmó, al recordar que la provincia registra uno de los porcentajes más altos de familias que viven en alquiler según el Censo 2022.

El legislador centró sus principales objeciones en los artículos 3 y 4 del proyecto, al considerar que delegan amplias facultades para modificar procedimientos administrativos y de obra pública. "El artículo tres es muy amplio, muy genérico, otorga muchas facultades delegadas al Ejecutivo", sostuvo, y advirtió que la flexibilización de los procesos podría derivar en contrataciones sin los controles suficientes.

Muñoz resaltó la necesidad de tomar recaudos, recordando las irregularidades que marcaron distintos planes habitacionales de gestiones anteriores. Mencionó, por ejemplo, la causa vinculada al programa Techo Digno y aseguró que eran "prácticamente mil casas para construir, de las cuales solo se hizo el 20%, el resto no está". Además, cuestionó que, pese a las denuncias penales presentadas por presuntas irregularidades en el IDUV, no existan responsables judicialmente imputados.

También hizo referencia a problemas históricos vinculados a la regularización dominial. En este sentido, citó la situación de los vecinos del barrio San Benito Bicentenario, en Río Gallegos, quienes desde 2007 continúan sin obtener el título de propiedad debido a un litigio derivado de la expropiación de los terrenos. A su entender, este tipo de antecedentes demuestra la necesidad de analizar con mayor profundidad las herramientas legislativas antes de avanzar con nuevas medidas.

Asimismo, respecto a la creación del Banco de Tierras que establece la norma, consideró que “hay que cuantificar esa situación y ver que no colisione con la potestad que tienen los municipios sobre el ejido y los terrenos municipales”.

Muñoz, subrayó que existe consenso para impulsar políticas habitacionales, pero insistió en que la ley debe incorporar mayores garantías de transparencia. “Necesitamos un análisis mas profundo para no dejar habilitada ninguna cuestión que exceda los parámetros de los mecanismos de contralor y mas en obra pública, tras las experiencias nefastas que hemos tenido”, afirmó, acotando que a su entender la iniciativa debería ser girada a comisión para continuar su estudio.

Finalmente, el legislador dejó clara su postura, al señalar que, “no voy acompañar, entendemos la necesidad, pero hay que tener un proyecto de ley superador, con mecanismos de contralor bien claros más allá de la necesidad de la emergencia”.

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