Una mujer de 77 años, conocida como la “Abuela Cauchari”, deberá enfrentar un juicio oral y público en Salta, acusada de integrar una organización dedicada presuntamente a la comercialización de estupefacientes en la ciudad de Orán.

La acusación alcanza también a otros dos hombres de su círculo cercano. La Fiscalía sostiene que los tres habrían participado de manera coordinada en la venta de cocaína y marihuana y que, en determinadas entregas, se habría utilizado a un menor de edad.

La fiscal penal Daniela Murúa acusó a Dolores Cauchari, Sergio Emanuel Medina y Jonatan Armando Pereyra como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la participación de un menor.

La causa comenzó luego de una denuncia anónima que advertía sobre una presunta actividad vinculada con la venta de drogas en el barrio Caballito, de la ciudad de Orán.
A partir de esa información, personal de Drogas Peligrosas inició tareas de investigación y vigilancia sobre el domicilio señalado. Durante el procedimiento investigativo también se realizaron registros fílmicos.
Según la Fiscalía, esas imágenes permitieron identificar movimientos que serían compatibles con la modalidad conocida como “pasamanos”, mediante la cual los estupefacientes son entregados directamente a los compradores.
Con el avance de las medidas, los investigadores lograron identificar a la mujer y a otras personas de su entorno, quienes posteriormente quedaron vinculadas formalmente a la investigación.

La investigación derivó finalmente en un allanamiento en el domicilio de Cauchari.
Durante el procedimiento fueron secuestrados envoltorios con cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintos elementos que, de acuerdo con la acusación, podrían haber sido utilizados para el fraccionamiento de los estupefacientes.
Los objetos incautados quedaron incorporados al expediente como parte de las pruebas que serán analizadas durante el proceso judicial.

La Fiscalía sostiene además que el grupo habría actuado de manera coordinada y que un adolescente habría intervenido en algunas de las entregas de droga, circunstancia que constituye uno de los puntos centrales de la acusación.

Concluida la etapa de control de acusación, el juez Oyarzu resolvió elevar la causa a juicio oral y público.
Será durante esa instancia cuando deberán analizarse las pruebas reunidas durante la investigación y determinarse si los tres acusados son responsables de los delitos que se les atribuyen.
La Fiscalía sostiene que la presunta utilización de un menor de edad para facilitar la comercialización de estupefacientes configura una circunstancia agravante.

Hasta que exista una sentencia firme, los acusados mantienen su condición de imputados y será el tribunal competente el que determine, a partir de las pruebas producidas en el juicio, la responsabilidad penal de cada uno.