En diálogo con El Caletense Radio, Quiroga explicó que la ley fue trabajada durante el período de pospandemia, terminó de elaborarse en 2022 y fue promulgada a comienzos de 2023. Ahora, con su reglamentación, se establecen los mecanismos necesarios para avanzar en su aplicación concreta en todo el territorio provincial. “Es extensa, los articulados son todos importantes, todo tiene que ver con las políticas públicas inclusivas”, señaló el funcionario, quien remarcó que uno de los principios centrales es reconocer a las personas con discapacidad como titulares de derechos y obligaciones, evitando que sean identificadas exclusivamente por su condición.

Entre los aspectos contemplados, Quiroga destacó la obligatoriedad de determinadas capacitaciones, entre ellas las vinculadas con lengua de señas, especialmente para trabajadores de organismos públicos que tienen atención directa al público.

En este sentido, explicó que desde la Secretaría ya se vienen desarrollando talleres y que próximamente se trasladarán a la Zona Norte y la Cuenca Carbonífera.

El objetivo es que quienes trabajan en la Administración Pública Provincial y Municipal puedan contar con herramientas para atender adecuadamente a personas con discapacidad auditiva. Uno de los puntos centrales para la implementación de la normativa será el trabajo con los municipios y los concejos deliberantes.

Quiroga explicó que cada localidad deberá avanzar con la adhesión correspondiente para que la ley pueda aplicarse plenamente en el ámbito municipal. Para ello, desde la Secretaría se pondrán a disposición equipos técnicos que recorrerán las distintas localidades para brindar capacitación y acompañamiento. “Es importante la adhesión del Concejo Deliberante de cada localidad”, sostuvo el funcionario al referirse específicamente a Caleta Olivia.

En este marco, pidió a los concejales de la ciudad avanzar en la coordinación de encuentros para capacitar a asesores y áreas municipales involucradas. Otro de los aspectos destacados por Quiroga es el cupo laboral para personas con discapacidad, establecido en un mínimo del 4% de la totalidad del plantel en los tres poderes del Estado.

La medida, según explicó, también alcanza a empresas que mantienen una relación directa con el Estado, por lo que su implementación requerirá un trabajo coordinado entre distintos organismos. “Es mucho lo que hay que hacer y para eso van a estar los equipos a disposición en cada una de las municipalidades”, remarcó.

El funcionario también puso el foco en el acompañamiento económico a las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad.

Según detalló, la Provincia prevé una erogación de aproximadamente 2.000 millones de pesos para diciembre, destinados a distintas organizaciones que cumplen con los requisitos administrativos correspondientes, como personería jurídica, estatuto y reglamentación.

Además, Quiroga destacó la existencia del fondo denominado “Situación Especial”, destinado a atender necesidades urgentes que surgen en las distintas localidades. “No solamente en la salud, sino también en lo habitacional”, explicó, mencionando situaciones como dificultades para afrontar alquileres y otras necesidades que pueden atravesar las personas con discapacidad y sus familias. Según indicó, al mes de julio este recurso alcanzaba aproximadamente los 870 millones de pesos.

Quiroga remarcó que la reglamentación apunta a garantizar derechos en diferentes ámbitos y no solamente en materia sanitaria. Entre los ejemplos mencionó la educación, el acceso a la lengua de señas, la posibilidad de adaptar servicios como cajeros automáticos para personas con discapacidad visual y las políticas habitacionales. Para el funcionario, el abordaje debe ser integral y requiere necesariamente la articulación entre los distintos niveles del Estado.

En ese sentido, destacó el trabajo realizado junto al Ministerio de Producción, Ministerio de Trabajo, Consejo Provincial de Educación, Caja de Servicios Sociales, Caja de Previsión Social e IDUV, entre otros organismos.

Finalmente, Quiroga valoró el vínculo con la Municipalidad de Caleta Olivia y destacó la predisposición del intendente Pablo Carrizo, su jefe de Gabinete y los referentes de las áreas sociales para trabajar de manera conjunta. “El abordaje no pasa solamente por lo local, sino también por articular con lo provincial”, concluyó, al remarcar que las demandas sociales requieren respuestas coordinadas entre los distintos organismos y niveles del Estado.

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