El caso fue analizado este viernes durante una audiencia de control y formalización, en la que la fiscal Ivana Berazategui expuso la acusación y los elementos reunidos hasta el momento. Tras escuchar a las partes, la jueza penal María Alejandra Hernández resolvió formalizar la investigación y ordenar la prisión preventiva del imputado.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la mujer salía de una iglesia cuando fue interceptada por su expareja, quien se encontraba a bordo de un automóvil. El acusado habría utilizado amenazas para obligarla a subir al vehículo y, durante el trayecto, habría intentado convencerla de retomar la relación.

Siempre de acuerdo con la acusación fiscal, una vez que llegaron al domicilio del joven, la situación se habría tornado aún más violenta. La víctima habría sido agredida físicamente y posteriormente habría sufrido un abuso sexual con acceso carnal.

Las lesiones denunciadas por la mujer fueron constatadas mediante estudios y pericias médicas, cuyos resultados fueron incorporados a la investigación como parte de los elementos de prueba.

Durante la audiencia también se abordó la destrucción del teléfono celular de la víctima. Según la acusación, el joven habría dañado el dispositivo con el presunto objetivo de impedir el acceso a información almacenada. Sin embargo, los investigadores lograron recuperar mensajes que contendrían amenazas y que ahora forman parte del expediente.

Finalmente, la mujer consiguió pedir auxilio y pudo salir del domicilio, lo que permitió la intervención policial y el inicio de la investigación judicial.

La Fiscalía imputó al joven por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por intimidación, abuso sexual con acceso carnal, daño, amenazas y lesiones agravadas por el vínculo, en un contexto de violencia de género.

Al resolver la audiencia, la jueza Hernández hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y dispuso que el acusado permanezca detenido bajo prisión preventiva mientras continúa el avance de la causa y se desarrollan nuevas medidas de prueba.

La investigación continúa en curso y el imputado mantiene su derecho de defensa y la presunción de inocencia hasta que una sentencia firme determine, en caso de corresponder, su responsabilidad penal.