La exdiputada nacional y exdiputada provincial Roxana Reyes volvió a cuestionar públicamente a Santa Cruz Puede y sostuvo que la empresa estatal representa un riesgo para el desarrollo del sector privado en la provincia.

“Si nosotros tenemos una empresa del Estado que el Estado le da recursos y que compite en más de 60 actividades, nadie va a querer venir a invertir a Santa Cruz”, afirmó durante una entrevista con Aquí y Ahora por Radio El Caletense.

Reyes también puso el foco sobre el funcionamiento administrativo de la sociedad estatal y mencionó un informe del Tribunal de Cuentas que, según explicó, habría detectado pagos de pasajes a Eugenio Grela y erogaciones por unos $400 millones realizadas en diciembre sin documentación respaldatoria suficiente, como órdenes de compra o constancias de recepción de mercadería.

La dirigente radical afirmó además que existe una superposición de intereses alrededor de sociedades que operarían dentro de Santa Cruz Puede y cuestionó que la empresa no cuente, según su exposición, con un registro de proveedores del Estado ni con una trazabilidad adecuada de determinadas compras.

“Todo esto es gravísimo”, sostuvo Reyes, quien aclaró que actualmente no tiene acceso directo a toda la documentación del Tribunal de Cuentas, pero aseguró que está analizando el contrato de constitución de la empresa y las sociedades vinculadas. También dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia si encuentra elementos que puedan constituir delitos.

Más allá de las cuestiones administrativas, Reyes cuestionó la decisión política de haber creado la SAU. “Yo lo hubiera creado si gobernara Santa Cruz? No”, respondió, y planteó que el Estado debería generar mejores condiciones para que sean los privados quienes inviertan y generen empleo.

La referente radical reconoció que Santa Cruz Puede fue creada por ley y remarcó que ahora son los diputados quienes deberán decidir qué hacer con el esquema. “Yo creo que es un error político”, afirmó, y planteó como alternativa limitar las actividades de la empresa estatal a sectores estratégicos o que no estén desarrollados por el sector privado.

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