Santa Cruz cuenta con una de las mayores riquezas mineras del país, pero el volumen de recursos que genera el sector todavía no se traduce, según el análisis planteado, en un desarrollo económico y estructural acorde con ese potencial.

La comparación con Neuquén y el desarrollo de Vaca Muerta aparece como uno de los principales puntos de referencia. Mientras esa provincia logró convertir sus recursos hidrocarburíferos en una fuente de crecimiento económico, Santa Cruz continúa enfrentando dificultades para aprovechar plenamente sus reservas de oro y plata.

Los números reflejan la relevancia de la actividad. Durante 2025, Santa Cruz concentró cerca del 40% de las exportaciones mineras argentinas, con ventas al exterior de oro y plata que superaron los 2.400 millones de dólares. De esta manera, se posicionó como la principal provincia exportadora de minerales del país, por encima de San Juan, Catamarca y Jujuy.

Actualmente, siete emprendimientos mineros se encuentran en producción en el Macizo del Deseado, entre ellos Cerro Vanguardia, Cerro Negro, Cerro Moro y San José, operados por compañías de alcance internacional. El sector genera más de 8.000 empleos directos y alrededor de 20.000 puestos indirectos.

A este escenario se suma el potencial de nuevas reservas. Cerro Negro cuenta con reservas certificadas por 3,2 millones de onzas de oro, mientras que el proyecto Cerro León estima un potencial de 92 millones de onzas de plata equivalente. Estos datos dan cuenta de la magnitud de los recursos disponibles en el territorio santacruceño.

Sin embargo, el contraste aparece al observar la situación de infraestructura y las cuentas públicas. En julio de este año, una falla registrada en la línea de alta tensión entre Piedra Buena y La Esperanza provocó cortes de energía que afectaron a Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre. La falta de generación de respaldo obligó a priorizar el suministro para hospitales y plantas potabilizadoras.

El caso de El Calafate también expone las dificultades del sistema energético provincial. La localidad, uno de los principales destinos turísticos del país, no cuenta con generación de emergencia suficiente para afrontar contingencias de este tipo.

En paralelo, el presupuesto provincial proyectó para 2026 un déficit de 350.000 millones de pesos, una cifra que contrasta con el volumen de divisas que genera la actividad minera. El interrogante planteado es cómo una provincia que exporta más de 2.000 millones de dólares anuales en oro y plata continúa teniendo dificultades para garantizar servicios e infraestructura básicos.

En este punto, la comparación con Neuquén resulta significativa. Entre 2006 y 2024, los ingresos por regalías de esa provincia crecieron un 245%, impulsados principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta. Ese incremento permitió avanzar en herramientas financieras como un fondo anticíclico, acceder nuevamente a los mercados internacionales de deuda y sostener un fuerte crecimiento del empleo privado.

El desarrollo de Vaca Muerta también continúa atrayendo grandes inversiones. Recientemente, Tecpetrol anunció una inversión de 6.400 millones de dólares para el desarrollo de un bloque, con el objetivo de incrementar la producción en 70.000 barriles diarios hacia 2027. El modelo neuquino muestra, de acuerdo con el planteo, cómo la inversión privada puede generar un efecto multiplicador sobre actividades como la construcción, la logística, el comercio y los servicios.

Santa Cruz cuenta con condiciones geológicas que podrían permitir un proceso similar en el ámbito minero. Sin embargo, desde el sector se reclama desde hace años mayor previsibilidad jurídica, reglas laborales que permitan sostener las inversiones y una estructura impositiva que no desaliente la llegada de capitales.

Otro de los problemas señalados es el bajo nivel de inversión en exploración. En Argentina, aproximadamente el 2% del gasto minero se destina a esta actividad, frente a más del 10% registrado en Chile. La situación adquiere especial relevancia en Santa Cruz debido a que los principales emprendimientos necesitan incorporar nuevas reservas para garantizar la continuidad de sus operaciones.

En este contexto, también aparecen cuestionamientos a los conflictos sindicales que históricamente atravesaron al sector minero santacruceño. Uno de los casos mencionados es el de una empresa que habría llegado a la provincia con un proyecto de inversión de 3.000 millones de dólares y cuyo CEO permaneció varios días dentro de una planta a raíz de un conflicto gremial. Según el planteo, esa situación habría influido en la decisión de la compañía de no continuar con sus inversiones en la provincia.

La discusión, en definitiva, excede a la actividad minera y apunta al modelo de desarrollo provincial. El planteo sostiene que una mayor previsibilidad, equilibrio fiscal y seguridad jurídica podrían permitir que los recursos generados por la minería se traduzcan en inversiones en infraestructura, salud, educación, rutas y energía.

Santa Cruz dispone de recursos naturales de enorme magnitud y ocupa un lugar central dentro del mapa minero argentino. El desafío pasa por definir cómo transformar esa riqueza en desarrollo sostenido, empleo privado y mejores servicios para la población, evitando que las exportaciones se produzcan sin una estrategia de largo plazo que permita que parte de ese crecimiento se refleje directamente en el territorio.

Fuente: Infobae.