La Justicia suspendió la aplicación del decreto que disponía la jubilación compulsiva de tres vocales del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz. La medida cautelar, dictada el 27 de agosto, mantiene a las magistradas en sus funciones e impide que sean reemplazadas mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Así lo confirmó Fernando Tanarro, abogado de las tres integrantes del máximo tribunal provincial, quien explicó que además de suspender el decreto 308 se establecieron distintas prohibiciones para impedir el cese efectivo de las juezas. Entre ellas, no designar reemplazantes, no considerar producido el cese de pleno derecho y mantenerlas en el ejercicio de sus funciones.

El conflicto ahora se trasladará al expediente de fondo. Tanarro explicó que el Poder Ejecutivo y la Caja de Jubilaciones deberán contestar el recurso de amparo y estimó que podría haber una sentencia de primera instancia durante las próximas semanas. La cautelar tiene un plazo de 60 días, aunque el abogado señaló que existen posibilidades de solicitar su ampliación.

Las tres vocales, según confirmó su representante legal, continuaron concurriendo normalmente al Tribunal. Antes de la resolución cautelar habían comunicado a la Presidencia del Superior Tribunal que no habían cesado en sus cargos y que no iban a renunciar, por lo que continuarían prestando funciones.

Tanarro fue contundente respecto de la posición que podría adoptar el Estado. Consideró que el decreto dictado en 2024 es, a su entender, inconstitucional en lo referido a los magistrados y sostuvo además que modifica la Ley de Jubilaciones. También anticipó que no cree que el conflicto termine con la cautelar: “No, yo no creo que termine acá”, afirmó.

El punto más fuerte de la entrevista apareció cuando se habló de los antecedentes. Tanarro aseguró que no existe en Santa Cruz un antecedente de cesación de magistrados mediante un decreto y que tampoco hay antecedentes a nivel nacional de que se haya dispuesto el cese de pleno derecho de jueces por esa vía.

Para el abogado, el conflicto excede la situación particular de las tres vocales y pone en discusión la independencia del Poder Judicial. Advirtió que los mecanismos utilizados para desplazar o presionar magistrados pueden generar una situación de permanente tensión dentro de la Justicia y cuestionó el uso de amenazas de juicio político como herramienta de presión.

Tanarro remarcó que los jueces deben conservar sus funciones mientras dure su buena conducta y sostuvo que una diferencia con una decisión jurídica no puede ser considerada automáticamente una mala conducta. “Hay una biblioteca de un lado y una biblioteca de otro”, planteó para graficar que una posición jurídica discutible no equivale necesariamente a una falta funcional.

Por ahora, las tres vocales siguen en sus cargos. El amparo deberá definir si la jubilación compulsiva puede sostenerse o si, como plantea la defensa, el decreto que la dispuso vulnera las garantías de independencia judicial. El caso, además, quedó instalado como una situación sin precedentes conocidos en la provincia y, según Tanarro, también en el ámbito nacional.

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