Mario “Pato” García, de 50 años, desapareció el 8 de diciembre de 2025, luego de ser visto por última vez cuando subió por voluntad propia a una camioneta blanca. Desde ese momento no volvió a establecerse contacto con él y comenzó una investigación destinada a determinar qué ocurrió con su paradero.

Semanas después, el 21 de enero, un hombre que realizaba actividad física encontró restos humanos en un descampado ubicado detrás del barrio 13 de Diciembre. Los posteriores estudios genéticos permitieron confirmar que una de las manos halladas pertenecía a García, con una compatibilidad total.

A partir del hallazgo se profundizaron las actuaciones judiciales y se realizaron distintos peritajes, allanamientos y medidas de investigación en dependencias y domicilios relacionados con la causa, tanto en Santa Cruz como en otras localidades.

Sin embargo, el paso del tiempo llevó a la familia a expresar nuevamente su preocupación por el avance de la investigación. En ese contexto, Gisella Cruz presentó un planteo ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz para reclamar respuestas sobre el estado de las actuaciones.

La mujer sostiene que la desaparición de su hermano no fue voluntaria y expresó públicamente su propia hipótesis sobre lo ocurrido. “A él me lo llevaron, no se fue. Él no quiso irse, habló de más y alguien lo tocó”, manifestó. Estas declaraciones corresponden a su postura personal y no constituyen una conclusión judicial sobre el caso.

El reclamo llegó al máximo tribunal provincial y derivó en una nueva instancia de revisión. El 26 de junio, integrantes del Tribunal Superior de Justicia se habían reunido con Cruz en Caleta Olivia para escuchar sus planteos vinculados con el avance de la investigación.

Luego de ese encuentro, el organismo dispuso solicitar información sobre las actuaciones realizadas y el estado de los expedientes relacionados con la desaparición y muerte de García.

En ese marco, el Tribunal Superior ordenó al juez Carlos Borges, de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial, que analice la situación de los dos expedientes vinculados al caso y elabore un informe circunstanciado sobre cada investigación.

El magistrado deberá detallar las medidas realizadas hasta el momento, el avance de las actuaciones y determinar si existieron períodos de paralización, posibles demoras que requieran explicación o diligencias de prueba que todavía permanezcan pendientes. El informe deberá ser remitido al máximo tribunal provincial dentro de un plazo de 15 días.

La decisión del Tribunal Superior no implica que se hayan comprobado irregularidades en la investigación. Se trata de una revisión administrativa destinada a conocer el estado de las causas y contar con información precisa sobre su desarrollo.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo secreto de sumario en el ámbito del Juzgado de Instrucción Penal N.º 1, a cargo del juez Marcos Pérez. La familia de García continúa reclamando avances para esclarecer qué ocurrió con el hombre desde aquella última vez que fue visto con vida.