El Gobierno nacional anunció nuevas medidas diplomáticas, económicas y judiciales contra empresas, accionistas, directivos y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas que no cuenten con autorización argentina. El presidente Javier Milei puso especialmente el foco en el proyecto offshore Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, cuya explotación podría comenzar en los próximos años.

Durante un mensaje por cadena nacional, Milei ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas y cuestionó el desarrollo unilateral de actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área en disputa. En ese marco, advirtió que la Argentina no permanecerá al margen frente al avance de proyectos petroleros.

El mandatario aseguró que el Gobierno determinó que Sea Lion podría iniciar su etapa de explotación offshore “en algún momento de los próximos meses” y sostuvo que, si no se adoptan medidas, las compañías podrían avanzar sobre las reservas de petróleo ubicadas en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina.

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, afirmó Milei.

A partir de esta situación, el Ejecutivo anunció que acelerará los procedimientos sancionatorios contemplados en la Ley 26.659. Según informó el Presidente, la Cancillería ya remitió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados con distintos proyectos desarrollados en las islas.

La estrategia oficial no estará limitada a las compañías que participen directamente de las explotaciones. El Gobierno buscará identificar también a accionistas, directivos, contratistas y proveedores que tengan algún tipo de vinculación con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina.

Milei adelantó además que las empresas involucradas podrían quedar inhabilitadas para operar en territorio argentino. “Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina”, sostuvo.

De esta manera, el Ejecutivo pretende extender las restricciones a toda la cadena relacionada con los proyectos petroleros en las islas. La medida alcanzaría tanto a quienes participan directamente de la explotación como a quienes financian, abastecen o prestan servicios a esas operaciones.

El Gobierno también anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla modificaciones a la legislación vigente y un endurecimiento de las sanciones. Entre otros puntos, se busca equiparar las penalidades para proveedores y contratistas con las aplicadas a las empresas que desarrollen directamente actividades hidrocarburíferas no autorizadas.

La iniciativa también contempla restricciones para que los infractores puedan contratar en territorio argentino, tanto con organismos públicos como con empresas privadas. Asimismo, incluye la posibilidad de recurrir, cuando corresponda, al juicio en ausencia.

A este paquete de medidas se suma la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá participación de distintas áreas del Estado, entre ellas Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El organismo estará orientado a coordinar políticas vinculadas con la protección de infraestructura crítica, la defensa marítima y aeroespacial y los recursos considerados estratégicos.

En su discurso, Milei vinculó directamente la protección de los recursos naturales con la seguridad nacional. El Presidente sostuvo que el desarrollo de hidrocarburos, minerales e infraestructura resulta estratégico para la Argentina y remarcó que también debe protegerse la posición del país en el Atlántico Sur.

“Atraer inversiones, proteger nuestra moneda, fortalecer nuestro sistema financiero y desarrollar nuestros recursos críticos son cuestiones de seguridad nacional”, afirmó. En la misma línea, sostuvo: “Proteger el Atlántico Sur también es una cuestión de seguridad nacional”.

El Ejecutivo anunció además un Decreto de Necesidad y Urgencia destinado a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa. Entre los objetivos mencionados se encuentra el avance de una base naval integrada en Tierra del Fuego y el fortalecimiento de las capacidades de telecomunicaciones en el extremo sur del país.

Según la visión planteada por el Presidente, estas medidas buscan reforzar la presencia argentina en una región que considera estratégica ante la creciente competencia internacional por recursos naturales y posiciones geopolíticas.

Sea Lion y el impacto económico sobre las islas

Más allá de la dimensión diplomática y territorial, el proyecto Sea Lion también tiene un fuerte componente económico. De acuerdo con las estimaciones mencionadas, su explotación podría generar hasta US$ 8.800 millones para la administración de las Islas Malvinas a través de regalías e impuestos durante el desarrollo del yacimiento.

Ese monto no representa la facturación de las empresas petroleras, sino los ingresos fiscales que podrían recibir las autoridades isleñas a partir de la explotación del recurso.

El proyecto contempla comenzar la producción en 2028, lo que podría transformar la estructura económica de las islas y generar una fuente de ingresos de gran magnitud durante las próximas décadas.

El avance hacia una etapa de producción implicaría así un cambio significativo en el escenario actual: el petróleo dejaría de ser solamente un recurso potencial para convertirse en una fuente efectiva de extracción, comercialización y generación de renta.

Por ese motivo, el Gobierno argentino considera que el desarrollo de Sea Lion excede la cuestión energética y adquiere una dimensión estratégica vinculada con la soberanía y la posición argentina en el Atlántico Sur.

Con las nuevas medidas anunciadas, la administración de Milei busca elevar el costo para las empresas y actores económicos que participen en proyectos hidrocarburíferos en Malvinas sin autorización argentina, al tiempo que pretende reforzar la presencia del Estado en materia diplomática, económica y de defensa.

Fuente: Energía 360°