Una situación de tensión se registraba este viernes en el proyecto minero Cerro Negro, operado por Newmont, luego de que funcionarios del Gobierno de Santa Cruz denunciaran el cierre de los accesos al yacimiento y señalaran que un grupo de agentes estatales permanecía dentro del predio sin poder retirarse.

En diálogo con el programa Más de lo Mismo, Aravena explicó que los controles se habían desarrollado durante la jornada en distintos sectores del emprendimiento y que, tras salir del complejo hacia la Ruta 39, el grupo fue sorprendido por la decisión de la empresa de colocar candados en las tranqueras.

“Nos sorprendió la decisión de la empresa Newmont de poner candado a las tranqueras”, relató el funcionario, quien señaló que se solicitó una orden judicial para poder ingresar nuevamente al yacimiento y continuar con las inspecciones.

Seis ceses de tareas

Aravena explicó que durante los controles se dispusieron seis ceses de tareas, término que utilizan los organismos provinciales para referirse a clausuras preventivas ante incumplimientos considerados de gravedad.

“Son clausuras, el nombre técnico para nosotros es cese de tareas”, explicó, y remarcó que se trata de “la máxima sanción” contemplada por la normativa de procedimiento administrativo laboral cuando se configura una falta muy grave que puede poner en riesgo la integridad de los trabajadores.

Según detalló, las medidas alcanzaron distintos sectores del proyecto, entre ellos áreas bajo mina, plantas de tratamiento y laboratorios. El cese implica la suspensión de las tareas hasta que se presente un plan destinado a subsanar las observaciones detectadas durante las inspecciones.

A esto se sumó la intervención de la Subsecretaría de Transporte, que retuvo vehículos que, de acuerdo con las inspecciones, no contaban con la documentación correspondiente para el traslado de combustible y sustancias peligrosas.

Aravena sostuvo que las condiciones detectadas representaban un riesgo para los trabajadores que permanecen en el yacimiento y también para los conductores de los vehículos involucrados.

Funcionarios dentro del yacimiento

El secretario de Estado de Trabajo indicó que, al momento de la comunicación, alrededor de 11 o 12 funcionarios provinciales permanecían dentro del proyecto minero, entre ellos integrantes del Ministerio de Trabajo, la Subsecretaría de Transporte y el área de Medio Ambiente.

Según explicó, los agentes no podían abandonar el predio debido al cierre de los accesos y se encontraban a la espera de una resolución judicial.

“Del otro lado de Newmont hay alrededor de 11 o 12 funcionarios del Gobierno provincial que están siendo retenidos, que no han podido salir”, afirmó.

Mientras tanto, Aravena señaló que se encontraba junto a otros funcionarios a unos 20 kilómetros del campamento, donde también había presencia policial a la espera de la orden judicial que permitiera el ingreso.

La intención, explicó, era retomar las tareas de fiscalización. “Vamos a cumplir con la ley y vamos a continuar haciendo las inspecciones con las cuales vinimos acá”, sostuvo.

Desde la empresa, según relató Aravena, se les comunicó que existía una directiva de la corporación para impedir el ingreso y mantener cerradas las tranqueras.

“Hay orden de la superioridad de la corporación de no permitir el ingreso”, indicó el funcionario, quien confirmó que había mantenido conversaciones con el responsable de Relaciones Laborales de Newmont en Cerro Negro.

Acompañamiento gremial

La situación también generó la presencia de representantes de distintos sindicatos vinculados a la actividad minera y a la construcción.

Aravena señaló que en el lugar se encontraba una importante caravana de vehículos y mencionó el acompañamiento del secretario adjunto de AOMA Santa Cruz, representantes de ASIMRA y delegados de UOCRA, UPSAP y otros sectores.

De acuerdo con el funcionario, los representantes gremiales respaldaban las tareas de inspección y compartían la preocupación por las condiciones de seguridad dentro del emprendimiento. “El objetivo nuestro es el resguardo de la seguridad y la vida de los compañeros que trabajan acá”, remarcó.

Aravena estimó además que entre 600 y 700 trabajadores permanecían dentro del proyecto minero al momento del cierre de los accesos.

La situación quedó así a la espera de una definición judicial que permita determinar si los funcionarios provinciales pueden ingresar nuevamente al yacimiento y continuar con las inspecciones, mientras permanecía la tensión entre los organismos de control y la empresa operadora de Cerro Negro.