La situación en Cerro Negro, uno de los principales yacimientos de oro de la Argentina, atraviesa uno de sus momentos más complejos desde la muerte de dos trabajadores en abril de 2024. Lo que comenzó con una inspección del Gobierno de Santa Cruz derivó en seis ceses preventivos de tareas, intervención policial, una orden judicial para garantizar la continuidad de los controles, vehículos retenidos y una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades que deberán ser determinadas en los correspondientes expedientes.

En medio de este escenario, hay un elemento que comenzó a adquirir especial relevancia: la falta de una explicación pública integral por parte de Newmont.

Hasta el cierre de este informe, la compañía no había difundido a través de sus canales abiertos un comunicado específico que respondiera punto por punto a los cuestionamientos planteados por la Provincia.

La empresa sí fijó una posición puertas adentro. A través de una comunicación dirigida a sus trabajadores, explicó que los ceses preventivos alcanzaban servicios considerados esenciales, informó una desmovilización progresiva de personal y equipos y aseguró que continuaría colaborando con las autoridades. Además, no descartó avanzar judicialmente por los daños que considera ocasionados.

Sin embargo, esa postura no tuvo hasta el momento una expresión pública equivalente.

Mientras funcionarios provinciales difundieron imágenes de los operativos y distintos sindicatos hicieron públicas sus posiciones, Newmont concentró buena parte de su respuesta en las comunicaciones internas. De esta manera, el relato público de la crisis quedó principalmente en manos del Gobierno, las organizaciones gremiales y los medios.

Durante los últimos días, la Provincia difundió registros audiovisuales de los procedimientos realizados dentro y en los accesos al yacimiento, incluyendo recorridos de inspectores, controles de vehículos, declaraciones de funcionarios y presencia policial.

Las imágenes no determinan por sí mismas responsabilidades administrativas o empresariales, que deberán establecerse mediante los procedimientos correspondientes. Sin embargo, tienen un fuerte impacto comunicacional y contribuyen a instalar una determinada percepción sobre lo ocurrido.

En ese contexto, el comisario Maximiliano Moreno afirmó que durante el procedimiento se cerraron portones con candado, que fue necesario solicitar una orden judicial para continuar con las inspecciones y que algunos vehículos habrían sido ocultados.

Se trata de afirmaciones realizadas por una autoridad policial y no de conclusiones definitivas. Por eso, la explicación técnica de la empresa resulta central para conocer qué ocurrió, qué situaciones reconoce y cuáles cuestiona.

La ausencia de una voz empresarial visible adquiere mayor relevancia si se considera que Newmont suele tener una fuerte presencia pública cuando comunica inversiones, ampliaciones, generación de empleo o nuevos proyectos.

En esas oportunidades, la compañía exhibe autoridades, equipos de comunicación y mensajes destinados a mostrar el impacto de sus operaciones en Santa Cruz. En cambio, frente a las actuales denuncias vinculadas con seguridad y condiciones laborales, todavía no apareció públicamente una autoridad de la empresa que responda preguntas y explique de manera detallada su posición.

El antecedente de abril de 2024 demuestra que la compañía cuenta con canales para hacerlo. Tras la muerte de Rosana Ledesma y Daniel Ochoa, ocurrida el 9 de abril de ese año, Newmont emitió un comunicado oficial, confirmó los fallecimientos, informó la suspensión de actividades y anunció una investigación.

El contraste también se produce con la agenda reciente de la empresa. Días antes del actual conflicto, Newmont había comunicado una nueva etapa de explotación a cielo abierto, inversiones y su compromiso de largo plazo con Santa Cruz.

La compañía fue visible para anunciar expansión, productividad y sostenibilidad, pero esa presencia pública todavía no se replica frente a las denuncias que ponen bajo discusión uno de los principales valores que sostiene en su discurso corporativo: la seguridad.

Mientras tanto, el espacio fue ocupado por las organizaciones sindicales.

AOMA y ASIMRA respaldaron formalmente los controles provinciales y se declararon en alerta. Luego se sumaron Camioneros y UPSAP, mientras ASIJEMIN, que representa a trabajadores jerárquicos, profesionales y técnicos, reclamó paz social e inspecciones.

El escenario dejó así de ser exclusivamente una disputa entre el Gobierno de Santa Cruz y Newmont. La participación de distintas organizaciones gremiales coloca en el centro del conflicto las condiciones de trabajo, la seguridad y el cumplimiento de las normas dentro de la operación.

La Provincia sostuvo además que algunos sectores considerados críticos durante las inspecciones fueron identificados a partir de información proporcionada por trabajadores y organizaciones sindicales.

Si ese punto queda respaldado por las actuaciones oficiales, la compañía deberá explicar por qué esas preocupaciones no fueron resueltas a través de sus propios mecanismos internos y terminaron trasladándose a la autoridad estatal.

Los controles actuales, además, no comenzaron de manera aislada.

En mayo, el Gobierno provincial había realizado una inspección integral en Cerro Negro, detectado irregularidades y exigido medidas correctivas. En junio, el Ministerio de Trabajo volvió a reunirse con Newmont y AOMA y reclamó soluciones frente a deficiencias relacionadas con seguridad e higiene.

Por eso, uno de los principales interrogantes que quedan planteados es qué ocurrió entre aquellas primeras observaciones y los nuevos procedimientos realizados en septiembre.

¿Qué medidas fueron corregidas? ¿Cuáles quedaron pendientes? ¿Qué documentación presentó la empresa? ¿Qué cronograma de adecuación se acordó y qué acciones fueron efectivamente completadas?

Newmont debería explicar esos puntos y establecer con claridad en qué aspectos coincide o discrepa con las autoridades provinciales.

También deberá aclararse técnicamente la versión sobre un presunto derrame de cianuro mencionada por algunos medios. Hasta que exista documentación oficial o una explicación técnica de la compañía, corresponde mantener el carácter presunto de esa denuncia. Si el episodio ocurrió, será necesario determinar su magnitud, el lugar donde se produjo, las medidas adoptadas para contenerlo y los controles ambientales realizados.

La primera etapa de las inspecciones concluyó, pero el conflicto continúa abierto. El secretario de Trabajo, Javier Aravena, anticipó que los organismos provinciales volverán al yacimiento para verificar el cumplimiento de las correcciones exigidas.

Por su parte, Newmont frenó actividades y retiró parte del personal luego de sostener internamente que los ceses preventivos alcanzaban servicios básicos del campamento. La situación también fue comunicada al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.

El conflicto vuelve a poner además sobre la mesa el rol de las cámaras empresariales. Entre ellas, CAMICRUZ estaba al tanto de la situación, pero hasta el cierre de este informe no había difundido un pronunciamiento público específico acorde con la magnitud del conflicto.

Las cámaras mineras suelen expresarse rápidamente frente a cambios tributarios, restricciones a las importaciones, modificaciones regulatorias o decisiones que pueden afectar las inversiones. En una actividad que busca sostener su legitimidad social, la seguridad y las condiciones laborales deberían ocupar también un lugar central en la agenda institucional.

Santa Cruz ya tiene un antecedente que permite observar las consecuencias de una respuesta empresarial tardía.

En julio de 2022, el conflicto en Cerro Moro, entonces operado por Yamana, había generado un paro de brazos caídos y reclamos de trabajadores por salarios, recategorizaciones y la creación de una comisión de Seguridad e Higiene.

La cobertura de aquel episodio también registró denuncias de hostigamiento, intervención policial, cuestionamientos hacia AOMA y la intervención del Concejo Deliberante de Puerto Deseado para reclamar canales de diálogo.

Los conflictos no son equivalentes y no deben confundirse, pero comparten un punto: cuando una operación minera entra en una crisis, la falta de una respuesta empresarial clara puede dejar el espacio público en manos de otros actores.

Cerro Negro no es una operación menor. Newmont es una de las principales compañías auríferas del mundo y había anunciado una inversión cercana a los 800 millones de dólares para ampliar la vida útil y la escala del complejo.

Por eso, lo que ocurre en el yacimiento trasciende a la propia operación y vuelve a poner bajo la lupa los estándares de seguridad, las relaciones laborales y la capacidad de la minería argentina para responder frente a situaciones críticas.

La industria necesita construir confianza social para sostener inversiones de largo plazo, desarrollar nuevos proyectos y defender su capacidad para operar bajo estándares internacionales.

Una crisis de seguridad en una de las principales minas del país inevitablemente impacta sobre esa confianza. Y el efecto puede profundizarse cuando la empresa involucrada no ofrece públicamente una explicación suficiente y las principales estructuras del sector tampoco fijan una posición clara.

No alcanza con afirmar que la seguridad es un valor corporativo. Ese principio se vuelve creíble cuando una compañía expone información verificable en el momento más difícil, responde preguntas incómodas y pone a sus autoridades frente a la sociedad para explicar qué ocurrió.

La confianza no se construye únicamente cuando se anuncian inversiones millonarias. También, y especialmente, cuando aparecen los problemas.

En Cerro Negro, el silencio de Newmont dejó de ser solamente una estrategia de comunicación. En medio de las denuncias, los controles provinciales y el respaldo sindical, la ausencia de una explicación pública propia se convirtió en otro de los elementos centrales de una crisis que continúa abierta.

Fuente: Minería y Desarrollo.