Un director de una escuela de Corcovado y un empleado municipal deberán enfrentar un juicio oral tras ser acusados por la Fiscalía de participar presuntamente en un esquema destinado a desviar fondos públicos que debían utilizarse para la merienda de los alumnos.

La investigación, encabezada por la fiscal general María Bottini y el funcionario de Fiscalía Julián Forti, contempla 31 hechos que, según la acusación, habrían ocurrido entre mayo de 2023 y septiembre de 2024.

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada en noviembre de 2024 por la delegada administrativa del Ministerio de Educación de la Región III. A partir de esa presentación, los investigadores comenzaron a analizar documentación bancaria, comprobantes y registros contables vinculados con las partidas destinadas al establecimiento educativo.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el esquema habría incluido la emisión de facturas que no tendrían respaldo en operaciones reales, el cobro de cheques por ventanilla y registros contables que presuntamente no reflejaban el destino efectivo del dinero.

La Fiscalía también cuestionó la situación del empleado municipal involucrado. Según la acusación, estaba registrado ante ARCA bajo una actividad vinculada a la prestación de servicios y no a la comercialización de alimentos. Además, su condición de empleado municipal habría impedido que actuara como proveedor del Estado.

Uno de los aspectos analizados fue la modalidad utilizada para retirar los fondos. La acusación sostiene que el director habría concurrido personalmente a una sucursal del Banco del Chubut en Corcovado para cobrar los cheques por ventanilla, en lugar de que los recursos fueran transferidos o entregados a los proveedores correspondientes.

Los investigadores también revisaron el Libro Banco de la institución y detectaron, según la Fiscalía, registros de pagos que figuraban como destinados a comercios o proveedores de la zona, aunque el dinero habría sido retirado mediante otro mecanismo.

Entre los comprobantes cuestionados aparecen además operaciones que, de acuerdo con la acusación, habrían sido registradas con fechas posteriores al retiro de los fondos.

La Fiscalía puso también bajo análisis los productos consignados en las facturas. Según la investigación, determinados alimentos facturados no habrían ingresado al establecimiento y algunas compras tampoco coincidirían con los productos previstos para el refrigerio escolar.

Entre los comprobantes mencionados durante la acusación figuran compras de tapas de empanadas y 20 kilos de pollo, cuya incorporación al establecimiento educativo es materia de cuestionamiento.

Para el Ministerio Público Fiscal, los elementos reunidos permiten atribuir al director la presunta autoría de las maniobras y al empleado municipal una participación necesaria. La acusación sostiene que el esquema habría generado un perjuicio sobre partidas provinciales destinadas a la alimentación de los estudiantes.

Debido a que uno de los imputados es funcionario público, el juicio deberá desarrollarse ante un tribunal mixto. La fecha del debate y la composición del tribunal serán definidas próximamente.

Ambos acusados llegarán al juicio en calidad de imputados. Las responsabilidades que les atribuye la Fiscalía deberán ser determinadas durante el debate oral, donde se analizarán las pruebas incorporadas al expediente.