El pedido busca poner sobre la mesa una discusión que excede un caso particular: qué procedimientos utiliza el Estado municipal cuando interviene ante situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes, y qué garantías existen para las familias alcanzadas por esas decisiones.

El proyecto solicita que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia informe cuáles son los protocolos y criterios de actuación vigentes, especialmente frente a aquellas medidas excepcionales que implican la separación de un niño, niña o adolescente de su grupo familiar y que, de acuerdo con el principio de excepcionalidad, deben constituir la última instancia.

La iniciativa también plantea la necesidad de conocer cuántas intervenciones y medidas de este tipo fueron adoptadas durante los últimos doce meses, cuántos niños, niñas y adolescentes fueron alcanzados, cuáles fueron los motivos generales de esas actuaciones, qué organismos participaron y cómo se realiza el abordaje posterior, en cumplimiento del objetivo central de la Ley Provincial 3062: el fortalecimiento familiar.

Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con las garantías mínimas que deben respetarse para las familias. Aparicio solicita conocer qué mecanismos existen para que padres, madres, familiares y sus representantes legales puedan acceder a la información y documentación correspondiente a los procedimientos administrativos, así como la forma en que son notificadas las decisiones que se adoptan.

Asimismo, se solicita que la autoridad de aplicación de la Ley 3062 informe si las medidas excepcionales fueron aplicadas de manera subsidiaria, luego del fracaso de las medidas de protección ordinarias, o si fueron dispuestas de manera directa.

El proyecto surge luego de que distintas situaciones vinculadas al funcionamiento del área tomaran estado público. Entre ellas, el caso de una joven madre de Caleta Olivia que permanece separada de su bebé de cuatro meses y cuyos representantes legales cuestionaron aspectos del procedimiento llevado adelante por el organismo municipal, señalando un presunto apartamiento de las disposiciones establecidas por la propia ley y por la Convención sobre los Derechos del Niño.

El pedido de informes apunta a que el Municipio, a través de la responsable de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, brinde respuestas sobre el funcionamiento general del área y sobre las herramientas con las que cuenta para garantizar que cada intervención se lleve adelante dentro del marco de la normativa vigente.

En ese sentido, también se solicita información sobre la existencia de reclamos, denuncias administrativas, pedidos de intervención o presentaciones judiciales vinculadas al accionar de la Secretaría durante el último año, siempre preservando la identidad y los datos personales de niñas, niños, adolescentes y sus familias.

“Cuando una intervención estatal puede modificar de manera profunda la vida de un niño y de su familia, la transparencia y el acceso a la información no son cuestiones secundarias. Son parte de las garantías que deben acompañar cada decisión”, señaló el edil.