Roxana Reyes explicó en Aquí y Ahora que un equipo técnico de la Fundación Sur Santa Cruz analizó el decreto y elaboró un documento que fue enviado a diputados, al Ejecutivo provincial y a las autoridades de la Cámara. Según sostuvo, el principal cuestionamiento está en que la norma establece una excepción para un propietario determinado, pese a las restricciones vigentes para la zona.

“Primero, la seguridad jurídica y la transparencia”, remarcó Reyes. Señaló que el decreto habilita la operación bajo fundamentos que, según afirmó, no fueron publicados íntegramente. También cuestionó que no se conozcan públicamente los estudios de impacto ambiental y sostuvo que deberían contemplarse audiencias públicas y mecanismos de participación ciudadana.

Para la dirigente radical, el decreto presenta además un problema vinculado con la igualdad ante la ley. Explicó que no sería jurídicamente válido establecer una excepción individual y, al mismo tiempo, indicar que esa decisión no generará precedentes para otros propietarios. “No podes derogar en forma particular un reglamento”, sostuvo, y advirtió que otros propietarios podrían reclamar un tratamiento similar.

Reyes aclaró que su planteo no apunta a impedir inversiones ni a cuestionar el derecho de propiedad privada. En cambio, propuso discutir un nuevo marco regulatorio para la Península de Magallanes, con reglas generales y claras, que permita definir qué tipo de desarrollos pueden realizarse en el área y bajo qué condiciones ambientales.

En ese sentido, planteó que antes de avanzar deberían analizarse cuestiones como el impacto sobre los residuos, los servicios, la actividad turística de El Calafate y la conservación del área protegida. También señaló que un eventual desarrollo turístico de gran escala podría modificar el movimiento económico de la localidad y sostuvo que ese impacto debería formar parte de la discusión.

La dirigente radical también mencionó distintas normas nacionales que, según su análisis, deberían ser consideradas: la Ley de Tierras Rurales, el régimen de zonas de seguridad de frontera, la legislación ambiental y el Acuerdo de Escazú, además del artículo 41 de la Constitución Nacional. Según explicó, algunas de estas normas establecen requisitos vinculados con la adquisición de tierras por extranjeros, la protección ambiental, el acceso a la información y la participación ciudadana.

Respecto de la empresa beneficiaria, Reyes señaló que se trata de ASB Hospitality Calafate SAU, constituida en Argentina durante 2026 y vinculada, según la información que pudo conocer, con una sociedad registrada en Dubái. Aclaró que todavía no pudo reconstruir la trayectoria de la firma ni conocer en profundidad el denominado “Masterplan Ecocentro”, justamente uno de los puntos sobre los que reclama mayor información pública.

La Fundación Sur Santa Cruz prepara ahora pedidos de acceso a la información y analiza eventuales presentaciones judiciales. Reyes adelantó que también viajará a El Calafate para tomar contacto con distintos actores vinculados con el área y profundizar el análisis del proyecto.

“Nosotros no estamos en contra de que vengan inversiones ni de que se generen puestos de trabajo”, sostuvo Reyes, pero insistió en que cualquier desarrollo debe ajustarse a la normativa vigente, garantizar transparencia y contemplar tanto la protección ambiental como los derechos de los demás propietarios de la zona.

Acá la nota completa