La polémica por el Decreto del Gobierno de Santa Cruz continúa generando reacciones en El Calafate y distintas localidades de la provincia. La medida habilitaría una inversión inmobiliaria en la Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno, un área natural protegida que comprende unas 39.000 hectáreas de bosques nativos.

En diálogo con El Caletense Radio, el periodista Ángel Serra sostuvo que el lugar posee un valor ambiental, paisajístico y económico excepcional y remarcó que buena parte de la superficie se encuentra prácticamente en estado intangible. Según explicó, la Península cuenta con bosques centenarios de lengas, ñires y guindos y constituye uno de los principales espacios naturales de la provincia.

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Serra también señaló que las tierras tienen propietarios privados desde décadas anteriores a la creación del área protegida, pero que desde 1993 existen restricciones provinciales sobre su utilización. En ese sentido, afirmó que la legislación contempla incluso un derecho de prioridad de compra para la provincia cuando un propietario pretende vender una fracción ubicada dentro del área.

Uno de los principales cuestionamientos del periodista está relacionado con el plan de manejo vigente desde 2022. Según citó durante la entrevista, el documento establece que el área natural protegida “no admite asentamientos humanos”, salvo aquellos indispensables para la administración de la unidad. Serra consideró que esta disposición entra en contradicción con la autorización otorgada mediante el nuevo decreto.

La inversión anunciada contempla, de acuerdo con las declaraciones citadas por Serra, la construcción inicial de 24 cabañas y una inversión estimada en 90 millones de dólares. El periodista cuestionó que se utilice el término “cabañas” para describir un proyecto que, por su magnitud económica, podría implicar un desarrollo inmobiliario de gran escala.

Serra también recordó que dentro de la Península de Magallanes ya existen antecedentes de excepciones para emprendimientos turísticos, entre ellos la hostería Los Notros. Sin embargo, sostuvo que el actual decreto genera una situación diferente porque, a su entender, modifica una línea de protección jurídica que la provincia habría mantenido durante más de tres décadas.

“El problema nunca fue la protección ambiental, el problema fue de quién le toca”, planteó el periodista durante la entrevista, al referirse a los distintos intereses privados que históricamente buscaron desarrollar emprendimientos en una zona de alto valor inmobiliario.

La discusión quedó así instalada entre quienes plantean la necesidad de atraer inversiones y quienes advierten que cualquier intervención debería ajustarse estrictamente al régimen de protección ambiental vigente. Serra sostuvo que, desde su interpretación del marco jurídico, no se trataría simplemente de discutir qué tipo de desarrollo realizar, sino de determinar si el proyecto puede avanzar dentro de las restricciones actualmente vigentes.

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