En la antesala de una nueva sesión ordinaria, el diputado Pedro Muñoz, analizó el trabajo desarrollado durante la semana en las comisiones legislativas. El parlamentario fijó postura sobre tres ejes importantes de la agenda provincial: la situación edilicia de las escuelas tras la exposición del Consejo Provincial de Educación (CPE), los cuestionamientos del sector privado al funcionamiento de la empresa estatal "Santa Cruz Puede" (SAU) y la validez constitucional de volver a tratar el pliego para la designación del juez Carlos Albarracín.

Infraestructura escolar: balance tras la presencia de Iris Rasgido

Respecto a la labor en la Comisión de Educación, donde parte del cuerpo legislativo recibió a la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, Muñoz precisó que el encuentro se extendió por más de tres horas. Durante la jornada se abordaron pedidos de informes directos vinculados a infraestructura, mantenimiento edilicio y la aplicación de protocolos ante situaciones de violencia en el ámbito escolar.

El legislador explicó que durante la reunión hubo respuestas a distintos planteos, “algunas compartidas y otras no”, puntualizó, y puso el foco en las dificultades operativas que aún persisten en los establecimientos educativos. En ese marco, reclamó acelerar las soluciones edilicias concretas tras la decisión del Ejecutivo de traspasar las funciones de mantenimiento escolar desde la órbita de Educación hacia el Ministerio de Economía y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).

El rol de la SAU "Santa Cruz Puede" y la exposición de Nadia Ricci

En materia económica y productiva, el diputado se refirió al funcionamiento de la Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), tema que cobró relevancia legislativa tras la exposición en comisiones de la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci. Muñoz consideró indispensable clarificar el alcance operativo de la firma frente a los planteos de sectores que advierten por una eventual "competencia desleal".

“Viene siendo una requisitoria bastante constante; desde su propia creación ha tenido sus ribetes respecto a su intervención en distintas actividades que hacen a la economía de la provincia, que afectan a algún sector y que ha tenido un rebote en algunos casos negativo”, advirtió.

Si bien Muñoz aclaró que no estuvo presente en la comisión donde expuso la ministra Ricci, valoró la concurrencia de la funcionaria para dar explicaciones ante los diputados. No obstante, remarcó que el objetivo de la empresa debería orientarse al fortalecimiento de la matriz productiva provincial sin desplazar al comerciante o empresario local: “El sentido de la SAU tampoco debiera ser de competencia”, subrayó.

Respaldo al pliego de Carlos Albarracín

En el tramo final de la entrevista, el diputado abordó el nuevo despacho favorable que obtuvo en comisión el pliego del juez Carlos Albarracín. “Yo ya había votado en la anterior a favor, por eso no iba a cambiar el voto ahora”, confirmó el diputado, quien fundamentó su postura en los antecedentes técnicos del magistrado, su desempeño durante la evaluación y el hecho concreto de que “salió primero” en el orden de mérito del concurso respectivo.

Asimismo, sostuvo que la insistencia por parte del Poder Ejecutivo Provincial se encuadra dentro de las facultades constitucionales y recordó que la terna elevada tiene una validez legal de 3 años, por lo que aseguró que “no hay elementos que inhabiliten al Ejecutivo a insistir sobre un pliego” y consideró que ahora la definición dependerá de una cuestión estrictamente política, que el oficialismo obtenga los votos para su aprobación en la Cámara.

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