La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció un límite del 15% para la titularidad de tierras rurales por parte de personas extranjeras, además de fijar restricciones respecto de determinadas zonas y superficies. Posteriormente, el DNU 70/2023 del Gobierno nacional dispuso su derogación.

Ruhay Ferrari aclaró que la reciente resolución de la Corte Suprema no implicó una definición sobre el fondo de la discusión, es decir, sobre la constitucionalidad o no de la derogación de la Ley de Tierras. Según explicó, el pronunciamiento estuvo relacionado con la legitimación de quienes habían iniciado el reclamo judicial.

En este sentido, señaló que la decisión no necesariamente cierra la discusión y que podrían presentarse nuevas acciones judiciales por parte de actores que acrediten una legitimación adecuada.

La abogada también mencionó otras alternativas que podrían surgir en torno a la regulación de las tierras rurales, entre ellas nuevas iniciativas legislativas y medidas adoptadas por las provincias dentro del ámbito de sus competencias.

De esta manera, el debate sobre el régimen de tierras rurales y la participación extranjera podría continuar tanto en el ámbito judicial como en el legislativo, mientras se analiza el alcance de las competencias nacionales y provinciales sobre la materia.