En Santa Cruz, las autoridades de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) ampliaron ante la Justicia Federal la denuncia penal por el descarrilamiento de una formación carbonera ocurrido el pasado 7 de octubre sobre la traza del Ramal Ferro Industrial Río Turbio, en las inmediaciones de la Estación Ingeniero Cappa, cuando el convoy se dirigía hacia el puerto de Punta Loyola. La presentación judicial solicita medidas urgentes para resguardar la escena y peritar un elemento metálico hallado sobre las vías que no pertenece a la operación ferroviaria actual, abriendo la investigación hacia una posible intervención intencional.

Como consecuencia directa del siniestro —que provocó el vuelco de la locomotora y daños en varios vagones cargados con mineral—, los trabajadores ferroviarios Cristian Arias y Ariel Romano sufrieron diversos golpes y debieron ser trasladados de forma preventiva al Hospital Regional de Río Gallegos para recibir asistencia médica.

La pieza metálica en la Estación Ingeniero Cappa y el pedido de peritajes

De acuerdo con los datos incorporados por YCRT en la ampliación de la denuncia federal, los primeros relevamientos técnicos efectuados en el sector de la Estación Ingeniero Cappa detectaron un objeto metálico extraño al funcionamiento habitual del ferrocarril carbonero. Dicha pieza exhibe marcas físicas compatibles con el impacto de la locomotora en el punto donde se desencadenó el descarrilamiento.

Frente a estos indicios que alejan la hipótesis de un simple accidente operativo, la empresa estatal requirió a los tribunales federales la preservación inmediata de los elementos probatorios y la realización de peritajes específicos que permitan determinar cómo fue colocada esa pieza sobre el tendido de rieles e identificar a los eventuales responsables.

Contrato por 210.000 toneladas de carbón y repercusiones en Santa Cruz

El episodio ferroviario se produjo en una etapa clave para la reactivación productiva y logística del complejo carbonífero santacruceño. Actualmente, YCRT cuenta con un contrato comercial vigente para la venta de 210.000 toneladas de carbón, al tiempo que el Gobierno de Santa Cruz sostiene gestiones permanentes para garantizar la continuidad operativa de la compañía y fortalecer su infraestructura energética y de transporte hacia Punta Loyola.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el avance de la causa judicial resulta indispensable para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si existió un accionar deliberado que puso en riesgo la vida de los trabajadores Cristian Arias y Ariel Romano, además de perjudicar el traslado de la producción provincial.

En la misma sintonía, los legisladores del Bloque Por Santa Cruz expresaron su enérgico repudio ante la sospecha de un atentado intencional contra el ferrocarril y exigieron que la Justicia Federal avance con celeridad en los peritajes sobre el ramal para deslindar las responsabilidades penales correspondientes.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz.