El grupo de acompañantes terapéuticos de Caleta Olivia mantuvo un encuentro clave con el diputado provincial Javier Jara para plantear las urgencias laborales y legales del sector. El objetivo central de los profesionales de la salud es avanzar en la redacción de un marco regulatorio provincial que reconozca la profesión, garantice la autonomía en sus lugares de trabajo y obligue a las obras sociales a cubrir las prestaciones de los trabajadores que se desempeñan en la Zona Norte.

En diálogo con El Caletense, Verónica Cardozo, quien ejerce como acompañante terapéutica desde el año 2017, explicó que esta reunión fue el primer paso para acercar a los representantes legislativos la realidad que viven a diario. "Es importante que ellos, como representantes de zona norte, tengan conocimiento de cuál es la población, sobre todo acá en Caleta Olivia, y hacia dónde apuntamos nosotros", señaló.

Un centenar de profesionales y el desafío de la regularización

Según detalló Cardozo, a partir de un registro local que comenzaron a construir hace aproximadamente dos años, loa profesionales del sector lograron dimensionar su alcance: actualmente estiman que hay alrededor de 100 acompañantes terapéuticos activos en Caleta Olivia.

Si bien la formación superior hoy se desarrolla mediante una carrera de pregrado y grado en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), uno de los pedidos indeclinables del sector es que la futura normativa provincial no deje afuera a los pioneros formados mediante cursos. "Buscamos algo que nos involucre, que sea reparador y abarcativo, sobre todo dentro de la provincia", expresó Cardozo sobre la necesidad de unificar criterios sin excluir trabajadores.

La demanda de acompañantes crece año a año en la ciudad, pero la falta de contención legal genera frustración. "Hay una población que está interesada en esto. Lo que pasa es que, cuando llega el momento del reconocimiento en términos de valores o del pago, es el momento donde hay una decepción", advirtió la referente.

El problema del nomenclador y el cobro a obras sociales

El mayor inconveniente para el ejercicio privado de la profesión radica en el sistema de salud. Cardozo explicó que, si bien hay profesionales absorbidos por programas del Estado, quienes trabajan de manera particular chocan contra la burocracia: las obras sociales no incluyen esta prestación específica en sus nomencladores.

Ante este vacío, el sector exige un reconocimiento nacional. "Consideramos que esta es una profesión que fue creciendo y que hoy ya llegamos a una licenciatura. Hay que trabajar sobre eso y buscar ese reconocimiento a nivel nacional", argumentó.

Actualmente, los honorarios deben pactarse de forma privada con las familias o se toma como base el nomenclador de prestaciones básicas, que ronda los $20.000 por hora de servicio (jornadas de 4 a 5 horas diarias por paciente). Sin embargo, los profesionales locales sostienen que, por tratarse de la Patagonia, debería aplicarse un adicional por zona desfavorable de entre un 20% y un 30%, además de fijar criterios claros que no dejen la remuneración librada a la arbitrariedad de cada caso.

Protagonismo en la Legislatura provincial

Sobre el saldo del encuentro con el diputado Jara, Cardozo fue tajante: el grupo no solo quiere una ley, sino que exige redactarla en conjunto. "Somos los principales protagonistas si llega a haber un proyecto de ley que nos enmarque", manifestó.

La autonomía profesional es otro de los pilares irrenunciables para los caletenses. El sector busca que la Legislatura de Santa Cruz reconozca legalmente su capacidad para tomar decisiones terapéuticas y ejecutar abordajes. "Tenemos que tener un profesional autónomo que pueda tomar decisiones, porque para eso se formó", concluyó.

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