?En la ciudad de Caleta Olivia, una publicación en los estados de WhatsApp atribuida a la jueza Griselda Isabel Bard encendió la polémica en el ámbito judicial y generó inmediatos cuestionamientos éticos. El mensaje en cuestión difundía información comercial de Lex Andina, un estudio jurídico que, según los datos recabados, está vinculado directamente a su entorno íntimo: su pareja, el abogado Eduardo Rubén González, y su hijo, el abogado Lisandro Miguel Castelo.

?El aviso digital informaba a los contactos que el establecimiento permanecería cerrado el pasado lunes 12 de octubre por el feriado nacional, detallando que retomarían la atención habitual el martes 13 en los horarios de 8 a 13 y de 15 a 18 horas. Además, la placa incluía una invitación directa a comunicarse a través de los canales de contacto privados del estudio.

?Los límites de la ética pública en Santa Cruz

?La situación pone sobre la mesa el delicado equilibrio entre la vida privada de los funcionarios y las obligaciones que rigen la administración de justicia. En la provincia de Santa Cruz, la conducta de los magistrados está atravesada por la Ley Provincial N.º 3034, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, normativa que busca preservar la imparcialidad, la transparencia y la confianza pública, evitando posibles conflictos de intereses.

?Si bien la normativa que regula el ejercicio de la abogacía contempla incompatibilidades estrictas relacionadas con el desempeño de funciones judiciales, la mera difusión del aviso en una red social privada no permite, por sí sola y en esta instancia, determinar la existencia de una infracción legal. Resulta necesario que se esclarezcan las circunstancias de la publicación y el grado de participación real de la magistrada en la promoción de los servicios.

?La confianza ciudadana en la lupa

?Los interrogantes en los pasillos de los juzgados locales apuntan a deslindar si se trató de un hecho aislado o de una participación más activa en la administración comercial familiar.

?"La credibilidad del Poder Judicial no depende únicamente de sus resoluciones, sino también de la conducta pública de quienes lo integran", analizan desde los sectores del derecho en la ciudad de El Gorosito. La ciudadanía y los justiciables esperan que se mantenga una barrera infranqueable entre los despachos públicos y los intereses litigantes privados. Ahora, la transparencia institucional demandará que se evalúen los hechos a partir de las normas vigentes.

Fuente: La Opinión Austral.