La exdiputada nacional Roxana Reyes y el exvocal por la minoría del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, Javier Stoessel, se presentaron ante la Justicia de Río Gallegos para radicar una denuncia penal orientada a investigar una presunta defraudación contra la administración pública. El foco del requerimiento judicial está puesto sobre un llamativo acuerdo comercial sellado entre la empresa del Estado provincial, Santa Cruz Puede S.A.U., y una compañía del ámbito privado.

El contrato en cuestión fue rubricado el pasado 22 de abril de 2026. Lleva las firmas del presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Adrián Sívori, y del titular de la empresa South Horizen S.A.S., Eugenio Fernando Grela, y establece la concesión de infraestructura pública para el funcionamiento de un mercado concentrador mayorista en la capital provincial.

Las presuntas irregularidades del acuerdo

Según la presentación que ahora está en manos de la Justicia, el contrato otorgó a la firma privada el uso exclusivo de un galpón estatal de aproximadamente 3.000 metros cuadrados por un plazo de dos décadas. Los denunciantes ponen la lupa sobre las condiciones de este arreglo, señalando la completa ausencia de un proceso de licitación pública que garantice la transparencia en la concesión de los recursos de los santacruceños.

Además del extenso plazo de concesión, el escrito cuestiona duramente las condiciones económicas pactadas: se estableció un canon mensual de tres millones de pesos que, según trascendió en la denuncia, permanecería fijo y congelado durante los 20 años que dura el comodato comercial, un dato alarmante en el contexto económico actual.

Otro punto crítico que se pide investigar es el origen de la firma adjudicataria. De acuerdo a la documentación aportada por Reyes y Stoessel, South Horizen S.A.S. se habría constituido legalmente apenas 37 días antes de estampar su firma en el contrato con el Estado provincial.

Inversiones estatales previas en el predio

A las irregularidades administrativas se le suma la sospecha sobre el uso de los fondos públicos provinciales en la antesala del acuerdo. La Justicia deberá investigar la relación entre los beneficios que habría recibido esta joven empresa privada y las fuertes erogaciones que realizó la provincia en ese mismo lugar.

De acuerdo con la presentación difundida, la empresa estatal Santa Cruz Puede habría destinado más de 358 millones de pesos de las arcas públicas para realizar diversas reparaciones y acondicionamientos en el parque industrial entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, dejando el predio en óptimas condiciones justo antes de cederlo.

Cabe destacar que la presentación solicita que se determine si los hechos configuran el delito de administración fraudulenta. Por el momento, se trata de una denuncia en etapa de instrucción: la radicación del escrito no implica, por sí misma, que se hayan comprobado los delitos ni se hayan determinado responsabilidades penales de manera definitiva, quedando todo sujeto al avance de los tiempos judiciales.

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