La Justicia de Río Gallegos dictó el procesamiento con prisión preventiva de una mujer acusada de mantener cautiva y someter a graves agresiones físicas y psicológicas a su expareja, de 23 años. La resolución fue adoptada por el Juzgado de Instrucción N.º 2, mientras continúa la investigación para completar las medidas probatorias.

La imputada quedó procesada por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas y desobediencia judicial. Según la reconstrucción del expediente, los hechos se produjeron en un contexto de violencia previa y pese a la existencia de medidas cautelares que le prohibían acercarse a la víctima.

La investigación sostiene que la acusada habría incumplido esas restricciones y retomado el hostigamiento contra la joven, hasta mantenerla retenida durante semanas en una vivienda. Durante ese período, la víctima habría permanecido incomunicada de sus familiares y de su entorno social, sin acceso a sus dispositivos de comunicación y bajo constantes intimidaciones y agresiones.

El cautiverio terminó cuando ambas se trasladaban en un automóvil. En un momento en que el vehículo redujo la velocidad, la joven consiguió abrir la puerta y escapar mientras el rodado todavía estaba en movimiento.

De acuerdo con la información publicada, la víctima corrió sin calzado y desabrigada hasta las inmediaciones del natatorio municipal. Allí recibió ayuda de vecinos, quienes la resguardaron y dieron aviso a la Policía mediante el sistema de emergencias. También facilitaron el contacto con su padre.

Tras la denuncia y la asistencia médica brindada a la joven, efectivos de la División de Investigaciones realizaron un allanamiento en un inmueble vinculado con la causa. Durante el procedimiento secuestraron teléfonos celulares y otros elementos considerados relevantes para esclarecer los hechos, además de concretar la detención de la sospechosa.

Con el procesamiento y la prisión preventiva, la imputada continuará detenida mientras avanza la etapa de instrucción. La investigación busca establecer las circunstancias de los hechos denunciados y reunir las pruebas necesarias para determinar las responsabilidades penales correspondientes.