En una sesión clave para el futuro económico de la provincia, el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, se presentó este jueves ante la Cámara de Diputados para fundamentar el pedido del Poder Ejecutivo de archivar el proyecto de prórroga de la Emergencia Hidrocarburífera. Ante la mirada atenta de los legisladores, el funcionario aseguró que la compleja retirada de YPF de los yacimientos maduros de la Cuenca del Golfo San Jorge logró encauzarse sin necesidad de recurrir a facultades extraordinarias.

“Esta gestión trabajó con responsabilidad las herramientas con las que se la dotó, y no fue necesario utilizar medidas excepcionales”, sentenció Álvarez en el recinto, llevando un mensaje de estabilidad para los inversores y tranquilidad para los gremios que sostienen la operatividad en la Zona Norte.

El impacto en el empleo y las áreas judicializadas

Durante su alocución, el titular de la cartera energética cuestionó duramente a los sectores que impulsaron el rechazo de las herramientas previstas en el régimen de emergencia sin medir las consecuencias sobre la paz social.

Para graficar el riesgo, Álvarez puso sobre la mesa el caso de las áreas petroleras sujetas a procesos judiciales. Explicó que, ante una eventual interrupción productiva, los nuevos procesos de adjudicación podrían demorarse meses, paralizando equipos e impactando de lleno en el bolsillo de los afiliados al Sindicato Petrolero, personal de UOCRA, Camioneros y vigiladores privados.

Convencional en Koluel Kayke, D-129 y pymes locales

La política hidrocarburífera de la gestión de Claudio Vidal, según precisó el ministro, se sostiene sobre dos pilares: “El convencional maduro como un presente y el no convencional como un futuro para la provincia”. En esa línea, valoró las primeras muestras de reactivación en los campos que dejó la operadora estatal, destacando los incipientes trabajos de perforación diagramados en Koluel Kayke, con una inversión proyectada superior a los 7 millones de dólares.

El éxito de esta nueva etapa, remarcó, estará atado a la priorización de las pequeñas y medianas empresas de servicios de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras. “Nosotros estamos trabajando para que haya proveedores de insumos y prestadores de servicios santacruceños. Porque esos proveedores viven en Santa Cruz, dejan sus ingresos acá y tienen empleados santacruceños”, definió.

Antes de concluir, Álvarez no esquivó uno de los temas más sensibles para las comunidades de la región: los pasivos ambientales. Sin medias tintas, advirtió que la provincia irá a fondo para determinar responsabilidades tras décadas de explotación. "Acá hay pasivos que tienen 5, 10, 15, 20, 25 años, y acá hay responsables institucionales que tienen que hacerse cargo", concluyó.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz.