En diálogo con Inforadio, por El Caletense Radio 98.5, el legislador explicó que la propuesta apunta principalmente a los clientes del Banco Santa Cruz, aunque también contempla la posibilidad de que otras entidades bancarias se adhieran a la medida.

El proyecto establece una tasa nominal anual máxima del 35% para la refinanciación de las obligaciones financieras, con un plazo mínimo de 24 cuotas. Además, plantea que los descuentos destinados al pago de deudas no puedan superar el 30% del salario bruto de cada trabajador.

Echazú sostuvo que la iniciativa responde a una problemática que afecta a numerosos empleados de la provincia, tanto del sector público como de otros ámbitos laborales, que atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos financieros debido al crecimiento del endeudamiento y los elevados descuentos que se aplican sobre sus haberes.

En ese sentido, advirtió sobre situaciones en las que algunos trabajadores terminan cobrando prácticamente cero pesos, luego de que se efectúan las retenciones correspondientes a préstamos, tarjetas de crédito y otras obligaciones bancarias.

Para el diputado, esta realidad requiere una respuesta urgente por parte del Estado, ya que compromete directamente la economía cotidiana de las familias y reduce considerablemente su capacidad para afrontar gastos esenciales, como alimentación, servicios, alquileres y transporte.

Refinanciación y un límite a los descuentos salariales

Uno de los puntos centrales de la propuesta es establecer condiciones que permitan reorganizar las deudas acumuladas y generar un esquema de pagos más accesible para los trabajadores.

La tasa nominal máxima del 35% y el plazo mínimo de 24 cuotas buscan ofrecer una alternativa para quienes actualmente destinan una parte importante de sus ingresos al cumplimiento de compromisos financieros.

A esto se suma el establecimiento de un tope del 30% del salario bruto para los descuentos por obligaciones bancarias. El objetivo es garantizar que los trabajadores puedan conservar una porción mayor de sus ingresos y evitar que las retenciones absorban prácticamente la totalidad de sus haberes.

Echazú consideró que es necesario intervenir sobre esta situación y generar mecanismos que permitan a las familias recuperar previsibilidad económica. La intención es que quienes mantienen deudas puedan regularizar sus compromisos sin quedar atrapados en un esquema de descuentos que les impida sostener sus gastos diarios.

Si bien el Banco Santa Cruz aparece como el principal destinatario de la iniciativa, el proyecto también contempla la adhesión de otras entidades bancarias, con la intención de ampliar el alcance de la herramienta.

El proyecto continúa en comisiones y podría unificarse con otra iniciativa

En cuanto al recorrido legislativo, Echazú confirmó que la propuesta todavía se encuentra en las comisiones de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde deberá continuar su análisis antes de llegar al recinto.

Durante esta etapa también existe la posibilidad de unificar el proyecto con otra iniciativa presentada por la diputada Rocío García, que aborda la problemática del endeudamiento de los trabajadores y las dificultades que genera el peso de las obligaciones financieras sobre los ingresos familiares.

La eventual unificación permitiría reunir las distintas propuestas en un mismo instrumento legislativo y avanzar hacia una herramienta que contemple la situación de los sectores afectados.

El diputado insistió en la necesidad de acelerar las discusiones y lograr que el proyecto pueda tratarse antes de que finalice el actual período legislativo. Consideró que la problemática no puede seguir esperando, especialmente por las consecuencias que tiene sobre la economía de los hogares santacruceños.

La preocupación central está puesta en trabajadores que, pese a cumplir con sus obligaciones laborales y percibir sus salarios, encuentran cada vez mayores dificultades para disponer de dinero una vez aplicados los descuentos bancarios.

Finalmente, Echazú remarcó la importancia de alcanzar una solución que permita aliviar el endeudamiento, ordenar los compromisos financieros y proteger los ingresos de las familias. La iniciativa busca instalar en la agenda legislativa una discusión sobre el impacto de las deudas bancarias en la economía doméstica y la necesidad de establecer límites que impidan que los trabajadores queden sin recursos para afrontar sus necesidades básicas.